Apenas se conoció el destino de la otrora poderosa líder del magisterio nacional, Elba Esther Gordillo Morales, y casi de inmediato el Senado de la República comenzó a admitir propuestas del sector social para rescatar al sector educativo de la burocracia y negociación política.
Representantes de organizaciones civiles presentaron a la Comisión Educación de este órgano legislativo su propuesta general para elevar la calidad de la enseñanza y “recuperar” la gestión educativa que “hoy responde a intereses burocráticos y políticos” ajenos al aprendizaje de los alumnos y a los derechos fundamentales de los decentes.
Al presentar el proyecto del colectivo 10 por la Educación, Francisco Landero Gutiérrez, expresó que “más allá de situaciones como las que se presentaron ayer”, la transformación educativa se logrará con las modificaciones a la legislación secundaria para concretar la reforma constitucional recientemente publicada en esta materia.
Sugirió definir la calidad de la educación como un proceso que debe generar “congruencia” entre objetivos, resultados y procesos del sistema, así como reflejar del desarrollo cognitivo y afectivo del educando.
Ricardo Raphael de la Madrid, de la Coalición Ciudadana por la Educación, enfatizó que México requiere transitar de un sistema de gestión de plazas y puestos docentes, donde se privilegian los criterios políticos por encima de la profesionalización, hacia uno basado exclusivamente en factores académicos y de desempeño profesional para el ingreso, promoción y permanencia de maestros.
En este sentido, propuso una reforma política a las instituciones “para recuperar tramos enteros de la gestión educativa que hoy responde a intereses burocráticos y políticos que no están alineados con el aprendizaje de los alumnos ni con los derechos fundamentales de los decentes, dos actores centrales del sistema”.
Planteó incluir a la Ley General de Educación “un sistema de evaluación que se defienda por su rigor científico y que implique una efectiva rendición de cuentas”, así como promover mayor participación de sociedad en la política respectiva y alinear la calidad de los servicios y la práctica docente con la mejora constante del aprendizaje.
Lo anterior, dijo, con el propósito de “proteger al sistema educativo frente a la captura de intereses ajenos a su buen funcionamiento a partir de la gestión profesional ymeritocrática de las plazas, los puestos y la carrera docente.
En su intervención, Milagros Fernández, del Instituto de Fomento e Investigación Educativa, consideró pertinente que en la reforma se otorgue autonomía a las escuelas para que puedan implementar planes de mejora de acuerdo a su propio contexto.
Opinó que es fundamental que los centros escolares puedan determinar --de manera autónoma-- la forma más eficaz para el ejercicio de los recursos, de su infraestructura y de la formación de sus maestros, a efecto de constituir una “verdadera comunidad de aprendizaje”.
Sin embargo, precisó, esa autonomía debe ir acompañada de mecanismos que evalúen la calidad de la enseñanza en las escuelas.
Para la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, sin participación social no se logrará una verdadera reforma educativa ni tampoco se alcanzará la calidad en educación.
Estimó necesario que los padres de familia sean incorporados en el sistema educativo, a fin de asegurar “la comunicación y armonía en coordinación con los educandos, educadores y directivos”.
Además, pidió que los tutores sean parte de los procesos de evaluación del sistema educativo y se les permita conocer el perfil de la planta docente, los objetivos educativos, metas, contenido de los planes de estudio, materiales e infraestructura.