El presidente Felipe Calderón inició la lectura de su quinto informe de gobierno, con un auténtico parte de guerra, en el que no solo reseñó la forma en que evolucionan las bandas delictivas que operan en México, sino que acusó, aunque sin dar nombres, a gobernadores que se niegan a participar en esta batalla.
Aquí las palabras textuales del mandatario: “Hemos padecido la persistencia de la violencia. Uno de los eventos más tristes para México, fue el cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas.
Tan terribles actos describen la crueldad y la barbarie que son capaces de alcanzar los criminales. Dentro de lo grave de la tragedia, vale la pena destacar que han sido capturados ya, algunos de los participantes, y que se ha identificado al resto de los homicidas.
La seriedad de los hechos me obliga a una explicación sobre lo que ocurre, no sólo en Monterrey, sino también en otras partes del país. Así como ha pasado en el Noreste, ha ocurrido, también, en otras regiones de México.
El análisis ahí de ese fenómeno nos sirve, también para entender la problemática de la seguridad en muchos puntos de la República.
La evolución de las organizaciones criminales que hoy vemos en México no es nueva. Se ha dado ya en otras partes del mundo. Quienes han estudiado el fenómeno del crimen organizado, señalan que existen al menos tres fases:
En un inicio, las bandas operan como pandillas, prácticamente, y pueden ser controladas por los cuerpos de seguridad. Más tarde, el crimen corrompe al Estado y crea complicidades dentro de éste, lo cual le permite actuar de manera exitosa y expandir su negocio.
Finalmente, si el problema no es controlado, el crimen organizado termina apoderándose del Estado o de algunos de sus órganos de coacción, y éstos se ponen al servicio de la delincuencia.
En su fase más extrema, nos dicen, el crimen organizado y el Estado son prácticamente lo mismo. En el caso particular, hay que recordar que desde hace décadas existieron en la frontera Norte bandas, fundamentalmente de contrabandistas, que evolucionaron a narcotraficantes.
Quizá, muy al principio, operaban como pandillas aparentemente inofensivas. Luego, evolucionaron a cárteles, con redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado.
Surgió primero el Cártel de Matamoros, después el Cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas.
Se dio también, un cambio relevante en la operación de estos grupos criminales, ya no sólo buscaban proveer droga al extranjero, sino también, buscaban colocarla en México entre jóvenes mexicanos.
Fue un cambio de serias consecuencias. Del mero narcotráfico a Estados Unidos, al narcomenudeo en nuestro país. Y con el inicio del narcomenudeo vino, también, una nueva estrategia de los criminales, su expansión geográfica y su lucha por el control territorial.
Por qué.
Porque para vender su mercancía buscaron controlar bares, tienditas, giros negros a través del control y dominio de los pueblos y las ciudades donde estos se encontraban, y para ello había que controlar a su vez a las autoridades mediante la cooptación o la intimidación.
En la búsqueda de nuevos consumidores y territorios, los cárteles ya no sólo se limitaron a la frontera, sino que se expandieron por todo el país.
Para algunos, esta expansión no tendría consecuencias mientras no se tocara a los criminales. Era la lógica de que si no te metes con ellos, no pasa nada.
Ese error permitió a las bandas distribuirse rápidamente en el territorio, enquistarse en las instituciones del Estado e incluso, poner a su servicio estructuras completas de policía y de procuración de justicia en algunos lugares específicos.
Y una vez hechos del control de las autoridades de un pueblo o de una ciudad, a los delincuentes ya no les costaba ningún trabajo adicional ampliar sus actividades a otras acciones delictivas como el robo, el secuestro o la extorsión.
Es, precisamente, el caso de Monterrey, donde el incendio tuvo que ver con una extorsión en ese establecimiento al que llegaron, por cierto, un convoy de vehículos robados como las decenas, más de 50 automóviles, que se roban diariamente en Nuevo León.
Esta expansión criminal, al principio imperceptible y hoy evidente y alarmante, encontró a instituciones policiacas y ministeriales en todo el país y en los tres órdenes de Gobierno, que no estaban preparadas para hacerles frente.
Ese es, precisamente, el riesgo que corríamos y que evitamos en México. El riesgo de que el crimen pasara a una etapa en la cual los criminales se apoderaran del Estado, lo usaran para sus fines, o de plano lo suplantaran imponiendo su arbitrio a la sociedad.
Eso es lo que, lamentablemente, vimos en una u otra medida en algunos puntos del país, y eso fue, también, lo que nos impulsó a hacerle frente con toda la determinación a las bandas criminales, no sólo en el Noreste, sino en algunos estados más de la República Mexicana.
Hay, además, otros factores que explican el alto número de homicidios, especialmente violentos que observamos. Una vez hechos del control territorial, los delincuentes buscan evitar la presencia de otros grupos criminales en la zona, defender, y lo digo entre comillas, su territorio.
Y nuevamente, la disputa territorial es también lo que explica la violencia en la frontera del Noreste, señaladamente en Tamaulipas, desde el principio de la década pasada, cuando el Cártel, entonces, Golfo-Zetas, comenzó a disputar esa zona contra el Cártel del Pacífico, dando inicio a enfrentamientos y ejecuciones cada vez más violentas.
Esta circunstancia se agravó recientemente, concretamente el año pasado, porque en 2010 hubo una ruptura entre el Cártel del Golfo y el de Los Zetas, que han protagonizado entre sí una de las más cruentas disputas que se tenga registro.
Esta lucha intestina explica, por ejemplo, en buena parte, el preocupante incremento de los homicidios violentos en 2010 y 2011, incluyendo el asesinato bárbaro de migrantes en San Fernando, a quienes Los Zetas dicen haber confundido con integrantes del grupo rival.
Como en otras regiones de la República, esta delicada situación motivó que las Fuerzas Federales implementaran el Operativo Noreste, como otros operativos que han implementado y que ha golpeado contundentemente a ambas bandas criminales, pero que no ha logrado aún reducir sensiblemente los niveles de violencia, como sí lo han podido hacer, por ejemplo, en Tijuana, primero, y ahora poco a poco en Ciudad Juárez.
Lo que más nos preocupa es que los criminales se meten con la gente. Se meten con la gente para extorsionar, para secuestrar, para amenazar. Y por eso actuamos, para defender a las familias.
Pero debo advertir, sin embargo, que esta sensación generalizada de temor y de debilidad institucional, también ha generado cierta parálisis en algunas autoridades y/o policías del país, provocando que se disparen los delitos del orden común, haya o no presencia del crimen organizado.
De ahí la urgencia de reconstruir y fortalecer a nivel estatal los cuerpos policiacos y ministeriales, y hacerlos confiables y eficaces. Hay que recordar que tan sólo el robo, sigue representando más del 80 por ciento de los delitos que se cometen a diario en todo el país. Es así como llegamos a esta situación.
La inseguridad es un problema complejo, con raíces muy profundas, y también, de muy larga incubación.
Pensar que el problema se gestó de la noche a la mañana y empezó con esta Administración, es tan equivocado como suponer que al retirar a las Fuerzas Federales o al concluir la presente Administración desaparecerá por sí mismo.
La única manera de terminar verdaderamente con este cáncer es perseverar en la estrategia.
Hay quien dice que la violencia es consecuencia de la acción del Gobierno. No es así. La violencia se da no por la intervención de las Fuerzas Federales, al contrario, las Fuerzas Federales intervienen donde hay violencia y porque hay violencia en un lugar determinado.
La acción del Estado así, contra los criminales es una consecuencia y no una causa del problema. La violencia se da por la expansión del crimen organizado. Y en ese marco, la presencia de las Fuerzas Federales no es parte del problema, sino parte de la solución.
Y quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las Fuerzas Armadas en México: al Ejército y a la Marina. Su participación firme y valiente ha sido decisiva en la defensa de México.
Igualmente, a los policías Federales, ministeriales y Ministerios Públicos honestos, que arriesgan su vida todos los días por el bien de México.
También, hay quien supone que si el Gobierno Federal no hubiera actuado en contra de estas mafias, no hubiera pasado nada. No hubiera habido violencia ni delitos. Ese es otro error muy común. Por el contrario. Fue, precisamente, el no actuar a tiempo lo que permitió alcanzar el poder que hoy tienen los criminales.
Y es absurdo suponer, también, que si el Gobierno se retira de esa lucha, los delincuentes van a dejar de asesinar o de delinquir, o de expandir su ámbito de influencia hasta dominar las estructuras de poder.
Al contrario, de no haber hecho nada, en lugar de la utópica tranquilidad que algunos imaginan, el país estaría totalmente dominado por los cárteles. El crimen habría crecido hasta hacer inoperantes las instituciones del Estado y ponerlas a su servicio.
Y algo más importante: No habría quien les hiciera frente a esos grupos, dejando a las familias mexicanas a merced de los criminales.
Ceder la plaza, no meterse con ellos, mejor no moverle, seguir con la administración de la ilegalidad y la simulación de la justicia, nos hubiera llevado al envilecimiento de la sociedad, nos hubiera llevado al Gobierno de los criminales.
Los cárteles controlarían decisiones y recursos del Estado y de la sociedad. Eso habría significado simple y llanamente, perder al país. Y eso no ocurrirá, no mientras se les siga haciendo frente con firmeza y en lo cual mi Gobierno está y estará plenamente comprometido hasta el último día de mi mandato.
Por el contrario, si perseveramos en este esfuerzo, es que lograremos contener y dominar a los criminales hasta vencerlos y hacerles entender que no pueden meterse con la gente inocente, y que quien lo haga, pagará severamente las consecuencias.
Desde luego que el objetivo del Gobierno Federal es recuperar la seguridad pública y reducir los niveles de violencia. Esa es nuestra meta.
Y yo me pregunto, al igual que muchos de ustedes, qué necesitamos para lograrlo.
Y la respuesta es una estrategia integral o más precisamente los tres componentes que integran nuestra estrategia de seguridad:
Primero. Enfrentar y someter a los criminales.
Segundo. Construir una nueva institucionalidad en materia de seguridad y justicia.
Y tercero y más importante. Reconstruir el tejido social lesionado por la falta de oportunidades para los jóvenes, la desintegración familiar y social, y la pérdida de valores.
Como el primer componente. De lo que se trata es de poner un alto a la impunidad cínica con la que se comportan las organizaciones delictivas, el desplante con el que se asumen dueños de nuestros pueblos, de las ciudades, de las carreteras, de las calles, como lo hicieron, precisamente, los asesinos de Monterrey.
Eso es algo que no podemos permitir. Por eso, hay que enfrentarlos y hay que someterlos. Y hay que enfrentarlos con toda la fuerza del Estado y con lo mejor que tenemos, que son nuestras Fuerzas Armadas, que son nuestras instituciones Federales, que son las fuerzas públicas reintegradas en muchos estados de la República.
Hasta hoy, han sido capturados o abatidos en su captura 21 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México, y vamos por el resto de ellos. Y no se trata sólo de los líderes, sino de toda su estructura. Y, además, debemos y vamos a hacerles saber que las calles son nuestras y no de ellos.
Con el segundo elemento, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, buscamos construir el andamiaje institucional necesario, no sólo para detener a los delincuentes, sino para garantizar que la justicia y la paz sean duraderas.
Construir instituciones fuertes es la clave de la solución definitiva. Estamos desarrollando una policía con mayor capacidad de información e inteligencia, con herramientas muy valiosas como Plataforma México, que tiene bases de datos de rostros, de huellas dactilares, de vehículos, de muchas otras, y que nos han permitido encontrar a los delincuentes, en muchos casos, precisamente, también, en el caso del casino de Monterrey.
Estamos, también, depurando y modernizando a la Policía Federal. En casi cinco años hemos pasado de poco más de seis mil elementos a casi 35 mil, y siete de mil de ellos son jóvenes con una carrera profesional terminada, y orientados a las labores de información y de inteligencia.
Y en el trabajo por fortalecer nuestras instituciones, hoy quiero anunciar que este año estamos acelerando, y vamos a profundizar, la depuración y el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República. Lo haremos con un intenso programa que busca elevar las capacidades del personal de la Policía Ministerial y, desde luego, de los Ministerios Públicos de la Federación.
Mi compromiso es concluir el sexenio con instituciones Federales de seguridad y procuración de justicia renovadas, confiables y conformadas por elementos honestos y bien capacitados.
Es muy importante que este esfuerzo se siga replicando a nivel local. Y aquí quiero reconocer los avances que los señores Gobernadores han logrado en varias entidades federativas.
Gracias al trabajo responsable de muchos Gobernadores y Jefe de Gobierno, la mayoría de los titulares de seguridad pública y fiscales estatales, han pasado por pruebas de evaluación y control de confianza.
Sin embargo, hay estados que presentan un rezago significativo en el cumplimiento de estas obligaciones y compromisos. La mayoría aún no cuentan con unidades antisecuestro confiables, e incluso, hay entidades que aún no tienen un Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Me preocupa que al ritmo que llevamos, sólo cuatro estados de la República habrán concluido la evaluación y control de confianza de todo su personal policial en el plazo que nos marca la Ley de Seguridad Pública.
Yo quiero proponerle a la y a los señores Gobernadores, y al señor Jefe de Gobierno, que hagamos todo lo que tengamos que hacer, en particular, ampliar los Centros de Control de Confianza a nivel estatal, y nos pongamos una meta: Que a más tardar en el mes de mayo del próximo año, todos los mandos medios y superiores, y al menos la mitad de todos los elementos operativos de las corporaciones policiacas y ministeriales, hayan aprobado las pruebas de control de confianza.
Les propongo y pido que aceleremos el paso porque así lo exige la dramática situación de inseguridad que se vive en muchas entidades de la República.
Es necesario, también, que el Congreso dote a los gobiernos y, en particular, a las Fuerzas Federales, de plena certidumbre jurídica en su actuar, y de atribuciones legales indispensables para enfrentar la delicada situación que hoy vivimos.
De la misma forma, necesitamos avanzar en la aprobación de leyes como la del Combate al Lavado de Dinero, la del Mando Único Policial, la Iniciativa de Ley Anticorrupción, la Iniciativa de Cadenas Delictivas, que permitirá, por ejemplo, que un miembro de un grupo delictivo también pague por los delitos que cometa ese grupo al que pertenece.
Existen, además, otras iniciativas, como la que sanciona el robo de combustibles, o la que propone cadena perpetua para secuestradores que mutilan o asesinan a sus víctimas, que son iniciativas que presenté hace varios años y que no han sido resueltas.
También, es indispensable que el Poder Judicial, tanto en el ámbito Federal como estatal, revise sus estructuras e integrantes. Reitero: No tengo la menor duda de la honestidad de la gran mayoría de los jueces y magistrados, pero debemos ser conscientes de que el Judicial, como todas las instituciones, enfrenta la amenaza del poder corruptor de la criminalidad.
Además, debemos cerrar la brecha entre la verdad real y la verdad legal. Porque la verdad real, la que le duele al pueblo, es que haya delincuentes que terminan en libertad sin pagar por sus delitos, con el argumento de que los elementos que se aportan, no se ajustan a los criterios sostenidos al impartir justicia.
Finalmente. El tercer componente de la estrategia es: Reconstrucción del tejido social, y estamos trabajando para fortalecerlo.
Para corregir de fondo el problema, el de la seguridad, debemos generar mayores oportunidades. Mayores oportunidades educativas, de esparcimiento, de trabajo, en particular, mayores oportunidades de formación y educación para los jóvenes. Y por eso, en este Gobierno hemos dado un fuerte impulso a la creación de bachilleratos y universidades.