El senador Francisco García Cabeza de Vaca consideró necesario imponer de dos a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo al servidor público que permita o autorice asentamientos irregulares en zonas de riesgo.
El legislador panista resaltó que ante la falta de créditos accesibles y al alto precio del suelo, se estima que en México se asientan de manera irregular en promedio 80 mil hogares al año.
Dijo que los asentamientos irregulares se convirtieron para muchas familias en la única opción viable para conseguir una vivienda, pero “la ocupación del territorio se ha caracterizado por altas concentraciones en áreas no aptas para el crecimiento urbano”.
Aunado al riesgo de su ubicación, manifestó el senador por Tamaulipas, las características de las casas las hace más vulnerables, al estar construidas de materiales como láminas de cartón y desechos.
La Secretaría de Desarrollo Social, agregó, estima que el 37 por ciento de la población urbana vive en asentamientos irregulares y sin acceso a servicios básicos, lo que pone en peligro la integridad física de las personas.
Además, se trata de suelo que debió ser preservado para garantizar la viabilidad de los sistemas hídricos, de los mantos freáticos y de la preservación del equilibrio del medio ambiente.
Cabeza de Vaca destacó que el marco jurídico vigente para las autorizaciones y permisos a los asentamientos humanos en áreas no aptas es “ineficaz”, por lo que es necesario implementar sanciones en materia administrativa, civil y penal a quienes permitan o autoricen la irregularidad en la ocupación de la tierra.
En este sentido, propuso que las entidades federativas y a los municipios tengan la facultad de dar vista a las autoridades competentes para que apliquen las sanciones que se deriven de las violaciones a la ley, planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales.
“Hasta ahora --dijo-- no sabe qué sanciones penales han sido aplicables a peritos, responsables de obra, o cualquiera que autorice, sea responsable o corresponsable de una obra irregular o autorice licencias o permisos de construcción en zonas de riesgo que se encuentren en planes o programas de desarrollo urbano o medio ambiente”.