Durante el periodo 2000-2011, la deuda global de las entidades federativas se cuadriplicó y, con excepción de Tlaxcala que mantiene su endeudamiento en cero y de Querétaro que la redujo en 7%, las obligaciones financieras de entidades y municipios equivalen ya a una tercera parte de las participaciones federales presupuestadas para los estados, expuso el senador panista Juan Bueno Torio.
En el 2000, explicó, las obligaciones financieras de entidades y municipios ascendían a 90 mil 731 millones de pesos, pero al 30 de septiembre de este año ya sumaban 358 mil 501 millones, según el saldo de las obligaciones reportadas por esos órdenes de gobierno ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP).
“Esto representa un aumento de 295.1 por ciento en términos nominales y de 144.8 por ciento en términos reales”, remarcó el también subcoordinador de política económica de la bancada de Acción Nacional en la Cámara Alta.
Ese endeudamiento equivale ya una tercera parte de las participaciones federales que recibieron las entidades durante el 2011.
Detalló que son tres los gobiernos de los estados que entre diciembre de 2005 y diciembre de 2011 registraron ante la SHCP un mayor crecimiento de su deuda: Coahuila, con 19 mil 465 por ciento; Nayarit, con 2 mil 159 por ciento; y Chihuahua, con mil 128 por ciento.
Bueno Torio precisó que tan sólo en Coahuila, el saldo de las obligaciones del gobierno del estado y de sus organismos pertenecientes al poder Ejecutivo se incrementó de manera exponencial de un año a otro, al pasar de 7 mil 524 millones de pesos en septiembre de 2010, a 36 mil 18 millones en el mismo mes de 2011, lo cual representó un aumento de 384 por ciento.
Bueno Torio subrayó que se calcula que para 2012 el gobierno estatal destinará 2 mil 750 millones de pesos tan sólo para el pago de intereses de la deuda, correspondiente a 23 créditos de reestructura y al pago de intereses más capital de cuatro créditos que quedaron fuera de la reestructuración.
Indicó que se observa una tendencia de las entidades a incrementar de manera sistemática su deuda pública, a pesar de que en los últimos 12 años se han incrementado de manera significativa las participaciones federales presupuestadas para los estados.
“En 2000, las participaciones federales que recibieron los estados a través de los ramos 28 y 33 ascendieron a 357 mil 628 millones de pesos; para 2011 las participaciones eran de 915 mil 793 millones, y en el Presupuesto de Egresos del próximo año las participaciones presupuestadas para las entidades serán de 985 mil 953 millones de pesos.
“Entre 2000 y 2011 las participaciones federales a los estados crecieron en 558 mil 165 millones de pesos, lo que representa un aumento de 156.1 por ciento en términos nominales y de 58.7 por ciento en términos reales. Entre 2011 y 2012 ese aumento será de 70 mil 160 millones de pesos, lo que representa un 4 por ciento más en términos reales”, refirió.
En este sentido, el senador panista Fernando Elizondo Barragán, quien el 12 de octubre pasado propuso la creación de una Ley Reglamentaria en materia de Endeudamiento para estados y municipios, alertó sobre la posibilidad de que en el corto o mediano plazos los recursos por participaciones que reciben estados y municipios tengan que ser destinados desproporcionadamente a cubrir pasivos de deuda.
“Está latente el riesgo de que en algún momento una parte sustancial de los recursos –o, en casos graves, todos-- sean destinados al pago de la deuda, lo que llevaría a que la entidad o el municipio se vean privados de una parte relevante de sus ingresos y no tener recursos para pagar su gasto corriente.
Por ello, acotó el legislador por Nuevo León, la iniciativa presentada plantea establecer límites y obliga a los estados y municipios a cumplir con ciertos requisitos para poder contraer deuda o renegociar empréstitos.
Y es que, según un estudio de la Comisión de Desarrollo Municipal, el 80 por ciento de los 2 mil 440 municipios, es decir alrededor de 2 mil, tiene crisis financiera, está endeudado y con parálisis de servicios y áreas administrativas.
Conforme a la propuesta Elizondo Barragán, que reforma las fracciones VIII y XXVIII del artículo 73 de la Constitución y la fracción VIII del 117, para que un estado o municipio adquiera deuda tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:
Los recursos deberán ser destinados a inversiones físicas en beneficio de la comunidad o para enfrentar situaciones de emergencia declarada; la vida útil de la obra a construirse no podrá ser menor al plazo para el pago de la deuda; el monto de la deuda y destino tendrán que ser avalados por la Legislatura local con una votación no menor a sus dos tercios.
Asimismo, las deudas ciertas y contingentes contraídas no podrán exceder la cuarta parte de los recursos que estados y municipios tendrían para inversión en ausencia de deuda; y, en caso de endeudarse por casos de emergencia, para pagarla se dedique cuando menos una cantidad igual a la que se otorgue a otras inversiones hasta su liquidación
“Esta iniciativa, además de corresponder al respeto y al equilibrio de Poderes que la Constitución marca, es acertada porque cumple con los principios de transparencia en el ejercicio público”, apuntó Elizondo Barragán.