Transparencia Internacional ha catalogado a México en el número 89 de los índices de corrupción, de un total de 175 naciones, y en América Latina es uno de los más corruptibles. Por ello, los diputados aprobaron la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Con dicho mecanismo se sanciona con multas que van de 62 mil pesos hasta 3 millones de pesos a las personas físicas que incurran en actos de corrupción, y de 623 mil pesos hasta 124 millones de pesos, a las personas morales.
Se establece que las personas físicas serán inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo de tres meses a ocho años, y las morales, de 3 meses a diez años.
Las infracciones en las que pueden incurrir los particulares en el desarrollo de los procedimientos de contratación pública son: el cohecho, la confabulación, la simulación, el tráfico de influencias, la presentación de información falsa, entre otras.
El presidente de la Comisión de la Función Pública, diputado Pablo Escudero Morales argumentó que México tiene un serio problema de corrupción, por lo que la democracia representativa obliga a combatir cualquier tipo de corrupción en el ejercicio de la función pública.
“Su combate fortalece a las instituciones democráticas del país, pues la corrupción lastima la legitimidad de las instituciones del Estado, atenta contra el orden, la justicia y la sociedad”, afirmó el legislador.
Refirió que en 2003, Naciones Unidas empezó a discutir y a debatir cómo debía atacarse el problema, pues la preocupación de la corrupción y los debates transitaban hacia otras modalidades como delincuencia organizada y lavado de dinero.