La atención a los adultos mayores en México exige instituir un régimen de protección social que brinde cuidados de largo plazo para garantizar que no haya maltrato, ni violaciones de sus derechos humanos, y fortalezca los mecanismos de denuncia y prevención de ofensas.
La buena voluntad no es suficiente para atenderlos, afirmó la diputada Fátima Pariente Gavito, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Programas Sociales Destinados a los Adultos Mayores, cuya instalación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, se formalizó este día.
Sostuvo que como política pública, la asistencia a los adultos mayores requiere la articulación entre gobierno y sociedad, a fin de adaptarse a las necesidades concretas de salud, geografía y seguridad que necesitan, debido a la disminución de las capacidades físicas que se presentan con el avance de la edad.
Refirió que en cada familia mexicana hay una persona mayor de 65 años que necesita atención, por lo que urgió a trabajar y tomar conciencia, ya que “es vital incrementar los esfuerzos para que los apoyos recientemente establecidos en la ley cumplan su objetivo y lleguen al destinatario final”.
La diputada Pariente Gavito resaltó la necesidad de difundir los programas sociales que ya operan, y en particular la recién aprobada Pensión Universal, que funcionará mediante un padrón único, del cual no debe quedar ningún adulto mayor fuera.
“Lo importante es que aterricen verdaderamente todos los apoyos”, para lo cual es necesario diseñar estrategias específicas por entidad federativa, ya que la orografía de cada región dificulta la difusión y la inclusión en los programas, así como el idioma. Un ejemplo, indicó, es Chiapas, donde se hablan 11 dialectos y no conocen el español; “es un obstáculo que debe superarse”.
Afirmó que una de las responsabilidades de los diputados es apoyar a los adultos mayores para que logren cubrir sus necesidades básicas, a través de los programas sociales existentes, y tomar en consideración que actualmente la mayoría de la población es joven, pero en una década será al contrario: la mayor parte de los habitantes del país tendrán más de 65 años.
Los legisladores integrantes de la comisión especial aprobaron el plan de trabajo que incluye la vinculación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y con los gobiernos estatales y municipales, para que las personas mayores conozcan los beneficios de los programas, los soliciten y se garantice que los reciban con oportunidad.
La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo apuntó que la comisión especial debe fiscalizar que los recursos etiquetados para atender a esta población lleguen de forma oportuna. “Debe garantizarse que los reciban y que su manejo sea transparente”, señaló.
A su vez, la diputada Dulce María Muñiz Martínez destacó la necesidad de fortalecer los controles y dar seguimiento a los proyectos que atienden a este grupo vulnerable, y refrendó el compromiso de trabajar por los que menos tienen.