El senador Javier Corral celebró la postura “valiente y digna” de Cecilia Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien rechazó la iniciativa de presidencia; la cual es regresiva y en realidad se trata de una contra-reforma respecto a los cambios realizados el año pasado en materia constitucional en el rubro de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

“No es cualquier cosa enfrentarse al duopolio de la televisión y ha salido ella con una gran dignidad, con gran claridad, a rechazar este proyecto y yo me siento muy orgulloso de esta presidenta del PAN”.

Corral calificó  esta reforma,  “como una traición al espíritu y a la letra de la reforma constitucional y no tengo ninguna duda que estamos entrando a la segunda temporada de la Ley Televisa”.

En este sentido afirmó que el proyecto del Ejecutivo  “le traza a Televisa artículos a la medida”, sobre todo en materia de competencia donde se le trata de proteger, con el objetivo de proteger a Televisa en el mercado de la televisión de paga donde la empresa de Emilio Azcárraga tiene el 60 % de los suscriptores.

“El gobierno ha necesitado a la televisión y le vuelve a dar poder a la televisión comercial en una función indispensable para el gobierno de Peña de carácter autoritario para mantener adormecida a la población y distraída de los asuntos fundamentales del país y aquí está uno de esos pagos”, sentenció.

El también secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, señaló que Peña Nieto nunca aceptó la Reforma en Telecomunicaciones con convicción democrática, sino como un cálculo político; sin embargo se rindió a menos de dos años de mandato, “se arrepintió de haber tocado a sus aliados históricos con los que construyó su candidatura. La presidencia de Peña Nieto es la historia de una hipoteca mercantil entre él y Televisa, primero para construir su candidatura y luego para hacerse de la presidencia de la República”.

Corral Jurado mencionó que entre las deficiencias de esta iniciativa que contradice varias de las disposiciones constitucionales, está el regresarle a la Secretaria de Gobernación (Segob) la supervisión y vigilancia de contenidos en radio y televisión, atribuciones exclusivas a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Para ello habilitó la reforma constitucional un Consejo Consultivo, precisamente para dejar en manos de una instancia ciudadana una delicadísima como importante función de supervisar los principios constitucionales de libertad de expresión, derecho a la información y todo el objeto y función social de la radio y la televisión”.

Además, se da una injerencia indebida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tratando de compartir facultades que no le corresponden y que la Constitución le dio en el artículo 28 al IFT en materia de concesiones.

El reto, mencionó el chihuahuense, está en convencer al mayor número de senadores  del PAN, PRD y PT para lograr entablar una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues en caso de aprobación existe contenido para objetar esta contra-reforma.