Por tramposos electorales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el proceso de revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos, partidos y candidaturas independientes, relativos a las campañas del Proceso Electoral Federal y de los 16 procesos electorales locales 2014-2015.

Con diez votos a favor y uno en contra, de la Consejera Electoral Pamela San Martín, se aprobaron los dictámenes y proyectos de resolución en materia de fiscalización de la elección federal y de las elecciones de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la fiscalización a nivel nacional realizada por el Instituto ha sido la más amplia y exhaustiva de la historia, la cual involucró la revisión de 24 mil 230 informes de campaña correspondientes a 13,550 candidatos, 2,667 federales y 10,883 locales.

“Nunca antes en la historia, una autoridad electoral en el mundo había realizado una fiscalización tan grande y en tan poco tiempo como la que hoy se presenta a este Consejo General. Estamos ante las elecciones más fiscalizadas por una autoridad electoral en cualquier sistema democrático”, aseveró.

Lorenzo Córdova agregó que si bien la fiscalización nacional cumplió con sus propósitos, el modelo debe considerar en el futuro la necesidad de armonizar las disposiciones locales y federales; el perfeccionamiento del sistema de contabilidad en línea; mayor exigencia en los plazos de registro de las operaciones en línea; establecer procedimientos de revisión y auditoría en los que pueda concurrir personal de los Organismos Públicos Locales Electorales y evolucionar hacia  métodos más modernos en materia de auditorías.

Agradeció la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “cuya dedicación y profesionalismo han hecho que la primera experiencia del nuevo modelo de fiscalización haya llegado a buen puerto”.

Derivado de la labor de fiscalización del Instituto, el Consejo General del INE resolvió imponer sanciones a los partidos y coaliciones que suman 392 millones 50 mil 786 pesos con 90 centavos.

Al PAN se le multó con 53 millones 792 mil 538 pesos; al PRI 22 millones 523 mil 391 pesos; al PRD 39 millones 144 mil 497 pesos; al PVEM 72 millones 975 mil 104 pesos; al PT 25 millones 383 mil 949 pesos; al Movimiento ciudadano 37 millones 478 mil 862 pesos; a Nueva Alianza 4 millones 707 mil 685 pesos; a MORENA 29 millones 496 mil 906 pesos; al Partido Humanista 22 millones 600 mil 975 pesos; al Partido Encuentro Social 23 millones 173 mil 513 pesos; a la coalición PRI-PVEM 33 millones 810 mil 685 pesos; a la coalición PRD-PT 5 millones 449 mil 122 pesos; a la coalición PRI-PVEM-NA-PSD 446 mil 466 pesos; a la coalición PRI-PVEM-NA

15 millones 729 mil 739 pesos; a la coalición PAN-PT 4 millones 376 mil 585 pesos y a otros 960 mil 762 pesos lo que hace un total de 392 millones 50 mil 786 pesos pero estas cifras pueden ser modificadas conforme a los engroses circulados y aprobados en la sesión del Consejo General.

El Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que de la revisión de ingresos y gastos de partidos y candidatos, se advierte que éstos obtuvieron recursos para sus campañas en apego a la ley, y los gastaron en fines lícitos previstos y permitidos.

Las faltas más frecuentes –precisó- se ubican en omitir registrar gastos y en no comprobar los mismos. “Es decir, los problemas detectados fueron en la salida y no en el hecho de recibir dinero opaco o de entes prohibidos; se puede decir que las campañas se financiaron con dinero limpio”, aseguró.

Advirtió que la tarea de fiscalización por parte del INE es más rigurosa, exhaustiva y expedita, a fin de vigilar y verificar la probidad en el acceso a los recursos de las contiendas y el respeto a la equidad del gasto. “Podemos acreditar que los partidos políticos, en su enorme mayoría, han cumplido a cabalidad con sus obligaciones”, resaltó.

En este primer ejercicio de fiscalización de las campañas a nivel nacional, el INE cuantificó ingresos por tres mil millones de pesos de los actores, de los cuales mil 58 millones corresponden a las campañas federales y mil 930 a las locales; y egresos por tres mil 110 millones, de los que mil 50 son de la elección federal y  dos mil 60 de las elecciones locales.

La Unidad Técnica de Fiscalización revisó más de un millón 69 mil operaciones incorporadas al sistema de contabilidad en línea; recorrió los 300 distritos uninominales para detectar la propaganda en la vía pública, con lo cual se obtuvieron 40 mil 66 testigos georeferenciados de bardas, espectaculares y mantas, entre otros, y se conformó un Padrón Nacional de Proveedores con 18 mil 897 registros.

Los proyectos de resolución en materia de fiscalización aprobados por el Consejo General del INE, determina como criterios que los candidatos independientes sancionados, deben reintegrar en un plazo de 30 días hábiles, el monto de los gastos que no estén vinculados con la campaña; es decir, los destinados a fines distintos para los que les fue entregado el recurso.

Además tendrán que devolver el monto de los recursos que no fueron comprobados y registrados contablemente; así como el financiamiento público otorgado que no fue erogado para su campaña. Y de no hacer los reembolsos respectivos, los candidatos independientes no podrán ser registrados como candidatos en las siguientes dos elecciones, según lo establece la ley.

Las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificadas, y los recursos obtenidos por la aplicación de dichas sanciones serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el caso de la elección de diputados federales, y los Consejos de Ciencia y Tecnología en cada entidad federativa de acuerdo a la elección local.

A propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif, el pleno del Consejo General discutió la posibilidad de que, en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la aprobación de dictamen, la Unidad Técnica de Fiscalización determine los saldos finales de los recursos entregados para el financiamiento público de las campañas electorales para que éstos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación o, en su caso, a las tesorerías locales.

La propuesta de devolución de los recursos por parte de los partidos políticos fue apoyada por las Consejeras Beatriz Galindo y Pamela San Martín, así como los Consejeros Javier Santiago y José Roberto Ruiz, pero no prosperó por seis votos contra.