La sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la que se ordenó a la Cámara de Diputados culminar el proceso para designar al consejero faltante del Instituto Federal Electoral (IFE), se encuentra en vías de cumplimiento, por lo que la aplicación de las medidas de apremio previstas en la ley en contra de los integrantes del Poder Legislativo solicitadas por Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado del Partido del Trabajo (PT), son improcedentes.
Así lo declaró el Pleno de la Sala Superior al resolver un incidente sobre cumplimiento de sentencia promovido por el legislador federal petista, quien señaló que tras concluir el primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso, del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, la sentencia no ha sido cumplida.
En el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza se establece que, en el comunicado que dirigió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para informarle sobre la falta de consensos para designar al consejero del IFE, esa instancia aseguró que mantendrá, durante el receso legislativo, los esfuerzos de diálogo y construcción de acuerdos para concluir el proceso de selección del funcionario electoral.
Sin embargo, el resolutivo del órgano jurisdiccional advierte que en caso de que la Jucopo no alcance el acuerdo requerido para presentar la propuesta que le corresponde, según lo ordena la convocatoria respectiva, deberá darlo a conocer al Pleno de la Cámara de Diputados para que éste, en ejercicio de su facultad deliberativa, culmine el proceso de elección que constitucional y legalmente tiene encomendado.
Al anunciar su voto a favor del proyecto, el magistrado Manuel González Oropeza refrendó la confianza de los integrantes del TEPJF en las instituciones del país, sobre todo, dijo, en las parlamentarias. Subrayó que la vocación de la Jucopo es impulsar entendimientos y convergencias políticas que deriven en la agilización del trabajo legislativo.
“El receso todavía está en desarrollo, todavía hay las posibilidades de un nuevo periodo extraordinario de sesiones para llevar a cabo ese consenso”, señaló.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa recordó que desde el 1 de febrero –hace seis meses– la Cámara de Diputados no ha podido completar la integración del Consejo General del IFE. Lamentó que aun cuando en el periodo extraordinario, celebrado los días 16 y 17 de julio, se incluyó como parte de los asuntos a tratar la conclusión del proceso de selección del candidato al cargo vacante de consejero electoral, el Pleno no pudo votar propuesta alguna, porque la Junta de Coordinación Política no logró, por segunda ocasión, los acuerdos necesarios para someter a su consideración una propuesta.
Precisó que la Junta de Coordinación Política tiene la responsabilidad de seguir durante el actual receso con las gestiones necesarias para concluir el proceso de selección. Ello, señaló, necesariamente se traduce en elevar a la consideración del Pleno una propuesta, incluso si al interior de la Junta no se logra el consenso, para que sea éste el que decida.
La magistrada Alanis Figueroa reiteró que todas las autoridades del país, incluyendo al Poder Legislativo Federal, están subordinadas al imperio de la Constitución y de la Ley. Ambas confieren a la Cámara de Diputados la importantísima facultad de designar a los consejeros electorales del órgano superior del IFE. De modo que tanto la Junta de Coordinación Política, como el Pleno de la Cámara de Diputados deben cumplir con lo que determina la Constitución, el Código Electoral y en la sentencia del pasado 29 de mayo.
El magistrado Salvador Nava Gomar aclaró que la función parlamentaria no se agota con las deliberaciones de la Jucopo, la que tampoco ha dado por culminado el procedimiento para proponer a la Cámara de Diputados a un candidato a consejero del IFE. “La Junta de Coordinación Política nos informa que la ejecutoria de esta Sala Superior está en vías de cumplimiento”, dijo.
También mencionó que en caso de que en esa instancia no se alcancen los consensos, corresponderá al Pleno cameral, en ejercicio de su función deliberativa, culminar el proceso de elección que constitucional y legalmente ese órgano legislativo tiene reconocido.
Pedro Esteban Penagos López, magistrado presidente por ministerio de ley, mencionó que la Sala Superior ha resuelto tres incidentes de cumplimiento de sentencia en los que se ha solicitado a la Cámara de Diputados que cumpla la ley y nombre al consejero faltante del IFE. “Es necesario precisar que a quien corresponde la designación constitucional y legalmente del consejero electoral, es a la Cámara de Diputados”, apuntó.
El Magistrado resaltó que los órganos del Poder Público tienen la responsabilidad fundamental de cumplir y hacer respetar la Constitución y la ley, así como las resoluciones que al respecto emiten los tribunales, porque sólo así se hará prevalecer el Estado de Derecho y se genera seguridad jurídica dentro de un sistema democrático.
Para el magistrado ponente, Constancio Carrasco Daza, el TEPJF está obligado a garantizar el cumplimiento de la sentencia emitida el 29 de mayo del año en curso “pero también los órganos de la propia Cámara de Diputados involucrados se encuentran constreñidos, en el propio orden jurídico, a respetar los principios de tutela judicial, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y Estado de Derecho”, apuntó.