Legisladores federales encargados de dar seguimiento a lo ocurrido en la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, revelaron el contenido de un informe que recibieron de la Procuraduría General de la República, en el que se confirma que los jóvenes fueron incinerados por 16 delincuentes que los secuestraron.
En días pasados la Cámara de Diputados difundió un documento en el que informa que la Comisión de Gobernación presentó ante el Pleno seis informes, con documentación anexa, del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento al Caso Ayotzinapa, en los que destaca el reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) de 80 detenidos, de los cuales cinco participaron directamente en la incineración de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”.
El documento precisa que se ha establecido la participación de 16 delincuentes en la cremación de los normalistas, de los que se ha logrado la aprehensión de cinco, además de 44 policías municipales de Iguala y Cocula relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos, identificándose a 16 más a quienes se busca actualmente.
Apunta que entre los detenidos se encuentran los responsables del homicidio de seis personas en Iguala, el pasado 26 de septiembre, además de que se realizan en paralelo las investigaciones sobre las fosas encontradas en este mismo municipio.
Además de la aprehensión del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, destaca la de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien declaró que recibía directamente del alcalde de dos a tres millones de pesos de manera regular, de los cuales 600 mil eran destinados al control de la policía local.
Incluso, refiere el informe del grupo senatorial, Guerreros Unidos realizaba la selección de quienes se integraban a las corporaciones policíacas de Iguala y Cocula.
Actualmente la PGR investiga la presunta relación de otros funcionarios municipales con estos hechos.
La documentación presentada por el Grupo Plural para dar Seguimiento al Caso Ayotzinapa, costa de seis informes, una relatoría de las acciones realizadas por la PGR, 12 anexos y un oficio de la Comisión de Gobernación dirigido a la Mesa Directiva del Senado, donde notifica sobre el informe en mención.