La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Beatriz Juárez Piña, propuso exhortar a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que agilicen la armonización de su legislación respectiva con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que entró en vigor el pasado 5 de diciembre de 2014.
Precisó que dicho marco normativo establece un plazo de 180 días, para que las legislaturas locales realicen las modificaciones a la ley, y que en un lapso de no más 90 días se integren los Sistemas de Protección Locales y Municipales.
A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, expresó que con la ley general, se verán beneficiados 41.51 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 37 por ciento de la población total del país.
Juárez Piña mencionó que el compromiso es avanzar en los estados del país para que la niñez y la adolescencia tengan sus derechos plenos e impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas encaminadas a construir una infancia ideal.
Detalló algunos aspectos de la realidad de esta población: una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que vive su vida sexual, se embaraza; dos de cada 10 de entre 15 y 19 años, lo han hecho en más de una ocasión, y un 40 por ciento de los casos de embarazos, no son planeados ni deseados.
Otro problema es el matrimonio infantil, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, un total de 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre.
De ellos, más de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de 15 a 17 años. Esta situación, comentó, “va en contra de la Convención sobre los Derechos de los Niños aprobada por la ONU, por lo cual resulta urgente una reforma en los estados para impedir uniones de ese tipo”.
La diputada Verónica Juárez añadió que más de tres millones de niños, entre 5 y 17 años, no asisten a la escuela; la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas se estima que es del 26 por ciento en la población entre 15 años y más. En cuanto a la violencia escolar o bullying, 4 de cada 10 niñas y niños en México sufre de acoso, lo que ubica a nuestro país en uno de los primeros lugares en el mundo en este problema.
Por ello, urgió a incorporar a todos los congresos de los estados de la federación en la tarea legislativa, ya que el Congreso de la Unión creó el marco jurídico para garantizar y avanzar en el desarrollo individual y colectivo de las niñas, niños y adolescentes, a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como esencia el reconocimiento de sus potestades.
“Buscamos la armonización, a fin de evitar carencias y demandas incumplidas para este sector de la población, y que se erradiquen con la atención, protección y garantía de sus derechos”, afirmó.
Se pronunció por constituir una nueva cultura donde se incluya a los menores como ciudadanos en crecimiento, con validez de sus derechos e inclusión en la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad.
Además, planteó solicitar a los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales para que, a través de todos los medios de comunicación a su alcance, difundan los derechos de esta población, en el ánimo de crear una nueva cultura de respeto y fortalecimiento de sus derechos.