El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados llevó a cabo la conferencia “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, a fin de que se conozcan los elementos jurídicos para que la sociedad pueda denunciar y llegue a erradicarse la violencia de género.
La directora del Centro de estudios, María de los Ángeles Corte Ríos, señaló que la violencia de género representa uno de los flagelos de la sociedad y una clara violación a los derechos humanos. Hay rasgos comunes que permiten caracterizarla como un fenómeno de discriminación, desigualdad y relaciones abusivas de poder.
Indicó que en la legislación mexicana cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero y que requiere para su efectivo cumplimiento de la armonización de las legislaciones locales.
Añadió que a escala nacional todos los estados cuentan ya con una legislación en el tema, aunque no en todos se ha dado un verdadero ejercicio de armonización
Diversos estudios apuntan a que la violencia puede representar la pérdida de hasta una quinta parte de los años de vida saludable en su periodo reproductivo entre las mujeres afectadas. La violencia de género redunda, además, en costos económicos considerables debido a la disminución de la productividad laboral y de los ingresos de los hogares, precisó.
Refirió que de acuerdo a estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos de la violencia de género oscilan entre 1.6 y 2 por ciento del Producto Interno Bruto de los países de la región latinoamericana. Con base en estas estimaciones, México pago, por ejemplo, un costo equivalente a 143 mil 868.8 millones de pesos en 2006 por las consecuencias de la violencia como incapacidades laborales.
Corte Ríos subrayó que la mayor aportación de la Ley son las definiciones que hace de violencia contra las mujeres que no habían sido recogidas por la normatividad y por lo tanto no se tenía manera de aplicarla. Como la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.
Estimó necesario revisar si las leyes de los estados son las adecuadas; deben tener la suficiente calidad desde el punto de vista de legislación con perspectiva de género y de técnica legislativa que “amarre” todo el contenido de los derechos humanos.
Señaló que es necesaria una legislación que respete verdaderamente la dignidad humana. Si una ley solamente reconoce un derecho, pero no diseña el mecanismo para hacerlo exigible y justiciable, esa ley se quedó corta y no acaba de servir.
Sirve, aclaró, en el orden legal porque da una referencia; “pero es insuficiente porque no hay manera de amarrarla y realmente conseguir su aplicación”.
En su participación, Araceli García Rico, secretaria coordinadora del Movimiento Nacional de la Mujer de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) enfatizó que la unión de mujeres de todas las fuerzas políticas ha logrado grandes avances, “los cuales debemos reconocer y difundir. Es nuestra obligación capacitar a quienes están lejos de acceder a sus derechos”.
García Rico dijo que es necesario acercar la información a toda la sociedad. “Nos reiteramos en pie de lucha permanente por los derechos de las mujeres, por los derechos de las causas vulnerables, pero, sobre todo, por lograr más y mejor acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.
En tanto, Ricardo Trejo Hernández, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Nacional de Contadores Públicos al Servicio del Estado (Incopse), indicó que erradicar la violencia contra las mujeres es un tema relevante y coyuntural para el desarrollo de nuestra sociedad.
“Aspiramos a una sana convivencia, hablar de este tema pareciera que debería estar saneado, atendido, comprendido y, sobre todo, aplicado; desafortunadamente, los índices de mujeres que viven violencia son todavía muy altos”, advirtió.
Trejo Hernández se manifestó a favor de promover cualquier tipo de ley que ayude a que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, “debemos estar conscientes de que juntos, hombres y mujeres, podemos dar el giro que necesitamos como sociedad”.
Agregó que se requiere atender los principios de igualdad de género, así como abrir espacios para capacitar, desarrollar y empoderar a la mujer. “Favorecer la igualdad de género será el pasaporte que transforme las estructuras sociales e institucionales a todo nivel, así, gozando de nuestros derechos, podremos aspirar a una democracia plena”, concluyó.