La deforestación es uno de los problemas ambientales más apremiantes de nuestro país y una de las causas más reprochables de ésta es la tala clandestina, indicó la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, al tiempo de señalar que en México son deforestadas alrededor de 700 mil hectáreas al año de bosques y selvas.
Indicó que estas actividades delictivas son parte de un fenómeno económico informal que incluye no sólo la oferta, sino también la demanda de productos ilegales, sin embargo, hasta el momento no se castiga la corresponsabilidad de los grandes compradores de recursos forestales de procedencia ilegítima.
En este sentido, consideró urgente promover hacia el sistema penal la responsabilidad de aquellos “intermediarios” que generan la demanda masiva de recursos forestales obtenidos ilegalmente.
“Existen importantes recursos legales como el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales con los que el Estado combate el fenómeno delincuencial asociado a la tala ilegal, fundamentalmente en aquellos casos de grupos delictivos organizados que se dedican al derribo de árboles y que cuentan con centros de almacenamiento donde transforman la madera, así como para desincentivar su transporte ilícito”, precisó.
Mencionó que su bancada está promoviendo mediante una Iniciativa de Ley, no solo sancionar a quienes se dedican a la tala ilegal y deforestación de bosques y selvas, sino también a los “intermediarios” que se dedican a colocar grandes cantidades de madera ilegal en el marcado nacional.
“Estamos proponiendo imponer de uno a nueve años de prisión a quien ilegalmente adquiera grandes volúmenes de bienes provenientes de terrenos forestales, y realicen operaciones de compra venta, fomentando la tala clandestina y beneficiándose de ello al obtener materias primas a un precio menor que los provenientes de aprovechamientos legales”, explicó.
La senadora del Partido Verde aclaró que se busca la responsabilidad exclusivamente de adquirentes de grandes volúmenes de madera y no la de los pequeños usuarios, consumidores o artesanos, porque, si bien se reconoce que sus actos pueden ser socialmente reprochables, se considera que es más adecuado atenderlos desde una correcta política criminal mediante el sistema de responsabilidad administrativa.