Ante la profunda crisis de credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones así como por la imperiosa necesidad de combatir la corrupción y la impunidad, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández propuso que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea pública y deje de ser un instrumento para la simulación.
A través de una iniciativa de reforma al artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), Rojas Hernández expuso que la información relativa a la situación patrimonial debe ser una herramienta de transparencia, para que los ciudadanos estén ciertos de que quienes ocupan un cargo público, lo hacen siempre bajo criterios de ética pública.
Sentenció que la transparencia y la rendición de cuentas son los instrumentos de todo estado democrático para generar la confianza de los ciudadanos en su gobierno, y los medios idóneos para el combate a la corrupción, una de las principales causas por las que México atraviesa esta crisis de inseguridad e impunidad.
Por ello, enfatizó la integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, “la declaración patrimonial no debe ser una herramienta para la simulación, para hacer creer al público la existencia de un compromiso con la transparencia que en realidad no existe”.
La legisladora por Acción Nacional expuso que para conocer la evolución de los bienes del servidor público con relación a lo declarado al inicio de su gestión, y determinar si incrementó injustificadamente su patrimonio, es necesario contar con información veraz y periódica del comportamiento de sus bienes.
Recordó que en lo que va de la presente legislatura, ha presentado tres puntos de acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal hiciera pública su declaración patrimonial, misma que ha realizado pero siempre de forma parcial e incompleta, lo que impide tener claridad sobre su evolución patrimonial ni permite despejar las dudas al respecto.
Es así, subrayó, que las declaraciones patrimoniales deben ser públicas y completas, útiles para el ciudadano y para las instituciones, como una herramienta real en el combate contra la corrupción.
La crisis de inseguridad, violencia e impunidad deben hacer reaccionar a la clase política, enfatizó Rojas Hernández al cuestionar ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos casos más de corrupción, de tráfico de influencias, de conflicto de interés, de colusión con el crimen organizado de las autoridades se tienen que ventilar para que demos los pasos necesarios y terminar de una vez por todas con la impunidad?