El martes pasado asistieron a trabajar 445 diputados federales, de un total de 500, y con el voto de 441 a favor y 4 abstenciones se aprobaron enmiendas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Así se aumentan las penas a quienes simulen la privación de su libertad o la de otras personas.
El dictamen, presentado por la Comisión de Seguridad Pública, detalla que se aplicarán de tres a ocho años de prisión a quien finja el secuestro de una persona, para obtener rescate o cualquier beneficio.
Agrega que se impondrán de 200 a 700 jornadas de trabajo, o de tres a seis años de prisión, al que aparente la privación de su propia libertad, por sí mismo o en complicidad.
El documento advierte que nuestra sociedad ha sido testigo de casos donde algunas personas han simulado el delito de secuestro con la finalidad de obtener recursos económicos de sus familiares o amigos, lo que significa para ellos angustia y desesperación por conseguir los rescates que deben entregar a los supuestos delincuentes.
En ese sentido, sostiene, al proponer una sanción mayor para quienes cometan dicha simulación, se evita repetir y obstaculizar la comisión del acto, así como evitar que se sigan efectuando sin tener un freno en la legislación que disuada a quienes piensan realizarlo.
Las sanciones ya estipuladas en la ley “no son suficientes, pues imponer castigo o pena el trabajo a favor de la comunidad, se está, prácticamente, invitando a la sociedad a que lleve a cabo este tipo de conductas”, apunta el dictamen.
“La misión de los legisladores debe ser prevenir la delincuencia, haciendo conciencia en la ciudadanía sobre las consecuencias que puede haber cuando se daña a otra persona, mediante sanciones que tengan un peso significativo que reflejen un riesgo elevado al considerarse llevar a cabo este delito”, añade el dictamen.