La Cámara de Diputados emitió el decreto por el que declara reformada la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de legislación procesal penal única. El diputado presidente, de este órgano legislativo, Ricardo Anaya Cortés, indicó que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:
“El Congreso General, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Carta Magna y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformada la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de legislación procesal penal única”.
Previamente, la secretaría de la Mesa Directiva informó que 18 legislaturas aprobaron la reforma, correspondientes a los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Anaya Cortés remitió la declaratoria al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El dictamen fue turnado a las legislaturas locales para efectos del artículo 135 constitucional, en el Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, el cual se llevó a cabo el 16 y 17 de julio.
Con esta reforma aprobada el 17 de julio, se establece un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones, a fin de evitar distintas maneras de procurar, administrar la justicia penal, y de incumplir las penas.
Al legislar en materia procesal penal única, todo el sistema estaría bajo la regla de legalidad y se inhibirían actuaciones arbitrarias del juzgador, dado que se tendría una aplicación de criterios homogéneos y coherentes.
Del mismo modo, ayudaría a la operatividad del nuevo sistema penal; daría certeza jurídica para el gobernado, y se abatiría la corrupción e impunidad al reducir cualquier coyuntura legal, derivada de la diversidad de normas.
Se resalta que al contar con las facultades para legislar en materia procesal penal, los diputados tendrán bases sólidas para crear un Estado de derecho óptimo.
La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el 18 de junio de 2016.