Pero nadie escucha
La senadora Martha Elena García Gómez solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) realizar inspecciones permanentes en los centros de trabajo del país, a fin de erradicar la explotación laboral infantil y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
Lo anterior, conforme lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A través de un punto de acuerdo también exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob) a implementar el Sistema de Protección Integral encargado de asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Además, la legisladora pide que el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia restituya y dé una efectiva protección de los menores que se encuentren afectados por explotación laboral en el país.
En las consideraciones del documento, publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, la senadora resalta la importancia de la protección a niñas, niños y adolescentes. Recuerda que recientemente, en ranchos de la empresa Procarne, ubicados en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, fueron rescatados 78 menores, de entre 13 y 17 años de edad, que eran explotados laboralmente.
En el operativo, las autoridades se percataron que niños y adolescentes --originarios de San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz-- vivían en condiciones infrahumanas: trabajaban como jornaleros de 8 a 17 horas en la recolección de vegetales, con un pago de 100 pesos por jornada y sin ninguna prestación.
Al respecto, la STyPS informó que en el último año han sido rescatados casi 400 mil menores de edad en condiciones similares, y que el mayor número de niñas, niños y adolescentes explotados se encontraban en campos agrícolas.
La legisladora refirió que México se adhirió al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es lograr que niños y niñas no comiencen a trabajar a una edad temprana; así como establecer la edad en que legalmente pueden incorporarse al empleo.
El convenio pide observar las edades que recomienda la OIT para el trabajo infantil según el tipo de trabajo a desempeñar; también busca establecer una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de niñas y niños, y eleve paulatinamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de la niñez.
Por lo anterior, reiteró la urgencia de que las autoridades apliquen la legislación y lo establecido en tratados internacionales. Además, demanda intensificar las inspecciones a los centros laborales, para prevenir y erradicar la explotación laboral infantil.