Para el senador Ramón Galindo Noriega, el sistema de coordinación fiscal mexicano se ha convertido en un conjunto de reglas “decrépitas” y en “decadencia” que, más que fortalecer el federalismo a lo largo y ancho del país, se ha convertido en un factor obstaculizador que ha sido detonante de un alto grado de dependencia y centralismo de estados y municipios con respecto a la Federación.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal precisó que una muestra de ello es que actualmente, sin excepción, las finanzas estatales y municipales se caracterizan por contar con un presupuesto que solo se gasta de manera tangencial en obras y servicios, muchas veces de pésima calidad por la corrupción en su contratación.
Además, dijo que en la mayoría de los casos lo tienen que destinar al pago de laudos laborales heredados por administraciones salientes; sus recursos son limitados por la baja recaudación propia y, entre otros, por la creciente dependencia que tienen los gobiernos subnacionales de las transferencias federales o bien, el alto grado de deuda pública.
Es inaplazable, explicó, que sea a través de un nuevo pacto fiscal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome la iniciativa y emplace a las entidades federativas y municipios para sumar esfuerzos y generar nuevas reglas fiscales que les permitan eficientar la política de gasto nacional y atender las demandas sociales más sentidas de la población.
“Debemos quitarnos la venda de los ojos y reconocer que las finanzas de los gobierno estatales y municipales están muy débiles y frágiles; que el objetivo central de las administraciones locales de brindar bienestar social a sus comunidades será solamente una utopía, porque nadie quiere atreverse a ejercer mayores potestades, o a tener mayores responsabilidades para hacerse llegar de recursos desde sus localidades y, por el contrario, incrementan sin control su deuda pública, desvían sus esfuerzos a solventar las obligaciones crediticias contraídas con el aval de los congresos locales, o se conforman con depender de las transferencias que el gobierno federal realiza.
Galindo Noriega explicó que hacer posible la “justicia distributiva” del ingreso público entre federación, estados y municipios obliga a visualizar acciones que fortalezcan las haciendas públicas y capacidades financieras de los tres órdenes de gobierno; se revierta el grado de la dependencia de los gobiernos subnacionales, respecto de las transferencias federales; y se potencie e incentive la recaudación de ingresos provenientes de fuentes propias de las entidades federativas y municipios, conforme a la legislación vigente.
Se necesitan, explicó Galindo Noriega, mecanismos dinámicos y promotores del desarrollo nacional que rompan con el inmovilismo al que han querido someterse estados y municipios. Por ello, agregó, es necesario que los gobiernos subnacionales incrementen sus fuentes de ingresos, para lo cual el gobierno federal se obligará a diseñar, proponer y promover mecanismos administrativos y legislativos que sirvan a dicho propósito.
Es urgente convertir a los gobiernos subnacionales en entes corresponsables de la política fiscal y la tarea recaudatoria de la federación, en donde ésta se obligue a hacerlos partícipes de los rendimientos marginales que resulten de sus esfuerzos locales; que se reduzca de manera significativa el gasto corriente en todos los órdenes de gobierno, mediante la asunción de políticas de austeridad, disminución en la planta laboral y reducción de salarios a funcionarios de mayor rango.
Además, obligado es que asuman una política de endeudamiento responsable y mesurada, en donde las entidades federativas y municipios eviten comprometer los recursos provenientes de las transferencias federales, y que se destinen preferentemente a gasto de inversión.
Se requiere implementar mecanismos de planeación financiera y fiscal a mediano y largo plazo, que involucren a los tres órdenes de gobierno; establecer políticas efectivas y medibles en materia de transparencia y rendición de cuentas, que involucren sistemas de participación y monitoreo ciudadano; y, se fortalezcan las instituciones encargadas del combate a la corrupción así como desarrollar los mecanismos idóneos para optimizar su funcionamiento en los tres órdenes de gobierno.
Es necesario, dijo Galindo Noriega, incluir a los municipios productivos como parte de una agenda de producción nacional, en donde dejen de ser tratados como empleados o subalternos de los gobiernos de los estados o del gobierno federal y se modifique la relación entre ellos para convertirles en socios, de lo contrario todo esfuerzo por impulsar el desarrollo nacional, estatal y municipal será un fracaso.