La senadora María Verónica Martínez Espinoza presentó una iniciativa para adicionar el artículo 49 de la Ley Agraria, a fin de que los ejidatarios, comuneros o posesionarios que han sido privados ilegalmente de sus derechos agrarios, a causa de un hecho delictivo, puedan solicitar ante el Tribunal Unitario Agrario la nulidad absoluta de dichos actos, con efectos restitutorios, para que les sean reconocidos los derechos de uso y usufructo que tenían.
Señaló que cientos de campesinos son afectados cuando, restituido el orden público, regresan a sus ejidos o comunidades para recuperar las tierras que les fueron arrebatadas por el crimen organizado y se encuentran ante la situación de que han sido despojados, debido a actos jurídicos simulados o realizados de manera irregular por parte de organizaciones delictivas, frecuentemente con la complicidad de fedatarios públicos.
En muchos casos, las tierras dejan de pertenecer al ejido y salen al dominio pleno, apareciendo a nombre de terceros y no de sus titulares originales.
La propuesta, presentada ante el Pleno del Senado, señala que esta situación se observa en estados como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Coahuila, donde el crimen organizado apoya a las empresas mineras clandestinas para despojar a los campesinos de sus tierras y recursos naturales, y convertirlas en zonas de explotación minera.
Apunta que uno de los fines del derecho agrario es superar la desigualdad y evitar que se impida el acceso a la tenencia de la tierra, así como frenar la explotación inadecuada de la misma.
La norma constitucional actual, agregó, ya protege la propiedad y la integridad de los ejidos y tierras comunales de este tipo de actos ilegales, por lo que la iniciativa busca que el ejercicio de la acción restitutoria también lo puedan hacer valer los integrantes de estas unidades de tenencia de la tierra.
La iniciativa se turnó a las Comisiones de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.