Al condenar “enérgicamente” las agresiones policiacas que, por órdenes del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se llevaron a cabo en contra de pensionados y jubilados que exigían el pago de su pensión y aguinaldo, el senador panista Fernando Yunes Márquez afirmó que en Veracruz se vive un estado de barbarie y represión.

Yunes Márquez aseguró que la entidad vive una grave crisis que se caracteriza por ser una de las entidades con mayor número de secuestros, así como señalada por ser la de mayor número de recursos federales desviados y no comprobados, cercanos a los 12 mil millones de pesos.

En este sentido, exhortó a las autoridades de la PGR para actuar en contra de aquellos que han desviado recursos de las arcas veracruzanas y que hoy tienen sumido a Veracruz en la quiebra, la inseguridad y la pobreza.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador por esa entidad solicitó a la Fiscalía General del estado de Veracruz aplicar las sanciones penales correspondientes a quienes violando garantías constitucionales agredieron a jubilados y pensionados del estado que hacían uso de su derecho de manifestación.

Por otra parte, también pidió a la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad realizar “en tiempo y forma los pagos que por ley les corresponden a todos los pensionados y jubilados del estado”.

Yunes Márquez recordó que el pasado 10 de diciembre se llevó a cabo una manifestación de parte de miles de pensionados y jubilados del estado que exigían el pago retroactivo de sus pensiones correspondiente al mes de noviembre, así como el pago de aguinaldos y la aplicación del aumento salarial que se aprobó durante el año 2015.

Ante tales exigencias, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, firmó una minuta en la cual se comprometió a realizar los pagos referidos, fijando como fecha límite el 23 de diciembre del mismo año, relató el legislador.

Sin embargo, el 18 de diciembre de 2015, la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, entregó cheques a los pensionados y jubilados, pero al momento de que éstos intentaron cobrar dichos cheques, se percataron de que no tenían fondos financieros, refirió.

De igual manera, aquellos que reciben sus pagos mediante nómina, no vieron reflejado depósito alguno en sus cuentas, razón por la cual, los afectados se volvieron a manifestar para reclamar el derecho que por ley les corresponde, agregó.

De esta forma, el 23 de diciembre, la fecha límite para que el gobierno del estado realizara los pagos correspondientes, los miles de pensionados y jubilados se manifestaron nuevamente, toda vez que, la Secretaría de Finanzas y Planeación volvió a incumplir el compromiso de pagar conforme a la ley a cada uno de los afectados, dijo.

En este contexto, continuó Yunes Márquez, el gobernador del estado de Veracruz, “en un acto de represión y violencia ordenó el despliegue de elementos de la fuerza pública para contener las manifestaciones suscitadas, atentando gravemente contra la integridad física y la libertad de expresión a la que todo ciudadano tiene derecho”.

De acuerdo con el legislador, los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre, en donde pensionados y jubilados se manifestaron exigiendo sus derechos, no eran más que una protesta social justificada como muestra de descontento ante un evidente incumplimiento por parte del gobierno del estado.

Por ello, consideró como “inaceptable que los elementos policiales, hayan ejercido tal grado de violencia y no se hayan apegado a los principios que señala el artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, como lo son la proporcionalidad, congruencia y racionalidad a los que toda corporación policial debe atender en el uso de la fuerza pública”.

“Ante la realidad de estos acontecimientos, y en mi calidad de senador por el estado de Veracruz, es un deber y exigencia inexcusable, condenar enérgicamente las agresiones policíacas que por órdenes del gobernador del estado de Veracruz se consumaron en contra de pensionados y jubilados que se manifestaban pacíficamente durante el mes de diciembre de 2015 en la ciudad de Xalapa, para exigir el pago de su pensión y aguinaldo”, reiteró.

Asimismo, insistió en reprochar “el uso injustificado de la violencia policiaca ordenada por el gobierno del Estado de Veracruz utilizada como medida para reprimir el justo reclamo de los derechos que les corresponde a estos pensionados”.

En este sentido, llamó al gobierno del estado de Veracruz a respetar la dignidad e integridad física de los pensionados que hacen uso de su derecho fundamental a manifestarse para exigir el pago de las pensiones y aguinaldos que como tales deben percibir oportunamente.