El 70 por ciento de los casos de violación, abuso y explotación registrados en México, ocurren en el Distrito Federal, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Acapulco Tapachula y Cancún, y en 80 por ciento de los casos se trata de niñas de entre 10 y 14 años, afirmó la senadoraMartha Elena García Gómez.
Además, añadió, sólo 9 de las 32 entidades federativas prevén en sus códigos penales el delito de abuso sexual como grave; estos son Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal tipifican este ilícito como grave y sin derecho a fianza, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad.
Sin embargo, precisó que las penalidades no son tan severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual contra un menor de 18 años.
Asimismo, dijo que las entidades que estipulan como grave el ilícito en sus códigos penales estatales tienen como mínimo una penalidad de seis meses y una máxima de 10 años.
“Las 23 entidades restantes no califican como delito grave al abuso sexual y los abusadores pueden salir bajo fianza, con montos que van desde los tres días de salario mínimo hasta los mil 200 días”, agregó.
García Gómez recordó que el pasado 29 de septiembre fue aprobado en el Senado de la República el decreto que expide la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, y enfatizó que el artículo 47 de esta ley establece:
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la trata de personas menores de 18 años de edad, el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables”.
Dada la problemática descrita, concluyó, es necesario reiterar que los infantes tienen derecho a ser protegidos de toda forma de violencia, de ahí la importancia de que las 32 entidades federativas revisen sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia.