Diputados propusieron exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que obligue a las sociedades financieras a cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, relativo al Buró de Crédito, e informe sobre las medidas para proteger a los usuarios de las fallas que presentan los bancos en sus sistemas de cobro.
Los legisladores Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y José Luis Muñoz Soria presentaron, por separado, un punto de acuerdo, los cuales fueron turnados a la Comisión de Hacienda, con el fin de exhortar al presidente de la Condusef, Mario di Costanzo Armenta, a aplicar la ley en defensa de los usuarios de las instituciones financieras.
Astiazarán Gutiérrez destacó que en los últimos años, el otorgamiento de créditos se ha incrementado y, en consecuencia, un mayor número de usuarios ha ingresado al Buró de Crédito.
Recordó que en 1996, como una medida para promover la cultura del pago y abaratar los costos de los servicios financieros, se creó la figura de las sociedades de información crediticia, conocidas como Buró de Crédito, cuya actividad consistió en integrar y manejar un banco de datos que registrara las operaciones activas de las entidades financieras, a fin de contar con el historial crediticio de los usuarios de la banca y demás entidades financieras.
A 18 años de su establecimiento, dijo, el Buró de Crédito se ha constituido como el “gran jugador” del secreto bancario, pero su base de datos cuenta con información rezagada que urge actualizar, pues la llamada “lista negra” de deudores morosos ha provocado mayores restricciones para otorgar financiamiento por parte de los bancos.
Para diversos analistas financieros, la información del Buró de Crédito debe ser confiable, porque hay empresas y personas que ya se pusieron al corriente en el pago de sus créditos y aparecen aún como morosos o con problemas de cartera vencida.
Además, agregó, pueden darse casos en los que por atrasarse uno o dos meses en el pago de un adeudo de 30 pesos, los usuarios quedan catalogados como personas incumplidas y, por tanto, no ser sujetos de crédito.
Destacó que en 2002 el Buró de Crédito poseía cerca de 34 millones de registros, entendidos como crédito-personas que se habían otorgado a un universo aproximado de 14 millones de usuarios.
El legislador indicó que de toda la información de que dispone el citado Buró, 60 por ciento es aportada por los bancos, y el restante 40 por ciento lo proporcionan tiendas departamentales, empresas telefónicas, empresas automotrices, sociedades financieras y otras empresas comerciales y financieras.
Es común, aseguró, que empresas como Nextel, Telefónica, Cablevisión y otras “boletinen” o difundan información a los bancos para indicarles que tal o cual persona o empresa son morosos –por atrasarse un mes en el pago de su crédito, de su estado de cuenta de un teléfono celular o cualquier otro bien o servicio- lo que genera el cuestionamiento sobre su veracidad.
Todo lo anterior, señaló, incumple con lo dispuesto en los artículos 20 Bis, 22 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia que señalan el procedimiento al cual deben de sujetarse las instituciones financieras respecto al manejo de los historiales crediticios de los usuarios.