*Por favorecer a patrones

Raúl Martín Brizuela Quiróz, ingeniero de profesión, fue despedido impune e injustificadamente del cargo que ocupó hasta el 2001, en la Dirección General de Alstom México, S.A. de C.V., a la que dio su experiencia y profesionalismo.

Basta leer una sola de las resoluciones dictadas por los impartidores de justicia, desde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hasta los magistrados federales, para advertir el atropello que esto significa, no solo para las garantías individuales, laborales y de acceso a la justicia de Brizuela Quiróz, sino también para la dignidad y majestad de la justicia en México.

Si consideramos que los derechos humanos son protegidos por un régimen de Derecho, tal como lo señala la Declaración Universal, es lamentable que un ciudadano mexicano sea violentado en sus garantías por un ejercicio de la ley ominoso y sometido al poder económico de una poderosa transnacional del transporte.

Con confianza en las instituciones judiciales, acudió ante las instancias de la conciliación y el arbitraje, con el pleno convencimiento de que su caso sería atendido con imparcialidad y estricto apego al ejercicio de la ley.

No fue así, por lo que a partir de la emisión de las ejecutorias ilegales dictadas por los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, así como el laudo que la Junta Especial número Doce de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, percibió que la justicia en México se inclina hacia los poderosos y deja en total indefensión a los ciudadanos que, como él, solo cuentan con su verdad para defenderse.

Luego de poco más de 10 años de sortear las decisiones y actuación tibia y parcial de quienes aplican la Ley en nuestro país, Brizuela Quiróz optó por acudir a otras instancias: denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), las violaciones procedimentales en las resoluciones de los juicios de amparo directo aun cuando eran evidentes, en contra de los magistrados del tribunal mencionado.

Después, en un esfuerzo supremo de hacer valer sus derechos, tal como los enuncia la Declaración Universal, presentó los hechos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), para que valoren los fallos judiciales y laborales y emitan sus recomendaciones al Gobierno Mexicano.

Se inició por ello la Averiguación Previa PGR/VEIDCSPCAJ/150/XII-2011, ante la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia. También, Raúl Brizuela puso en conocimiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, las irregularidades en que incurrieron  los impartidores de justicia, con la esperanza de que corrijan su errático proceder.

En una demostración de la aceptación de posibles irregularidades, hoy el expediente está en manos de un Tribunal Colegiado en materia del trabajo ajeno al anterior que resolvió, con magistrados diferentes, de quienes Raúl Brizuela Quiróz espera revisen a fondo y resuelvan conforme a derecho, a fin de reponer el procedimiento y dejar sin efecto lo actuado con posterioridad a la existencia de las violaciones  procedimentales.