La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama denunció que mujeres mexicanas son forzadas, engañadas o presionadas a “rentar” sus vientres para gestar los hijos de parejas adineradas y pidió al pleno que se exhorte a los congresos de Coahuila, Sinaloa y Tabasco y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eliminar o abstenerse de aprobar la llamada Maternidad subrogada o de Vientres de alquiler.
Añadió que una nueva forma de explotar a mujeres en situación de vulnerabilidad es la trata con fines de reproducción, en donde las víctimas son enganchadas para que “renten” o alquilen” su vientre para gestar un hijo, que posteriormente deben entregar a terceros a cambio de un pago que muchas veces no cubre las necesidades básicas de salud del embarazo y el parto.
En casi todos los casos, dijo, el común denominador es la gran disparidad entre quienes encargan al bebé, típicamente parejas o personas acaudaladas, de México o del extranjero, y la madre gestante, quien suele entrar en este negocio por su precaria condición económica.
Explicó que un estudio realizado por Center for Social Research reveló que el 52% de las madres de alquiler son analfabetas, el 40% sólo tiene la primaria terminada y el 38% se dedica al servicio doméstico.
“La Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), también llamada gestación subrogada, es una realidad que se esconde a la vista de todos. Se oculta tras un velo de altruismo y se escuda en un imaginario derecho a la maternidad, pero florece como una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales”, expresó.
Consideró que la situación es grave y evidentemente contraria a los derechos humanos e insistió en que se exhorte a los congresos de Coahuila de Zaragoza, Sinaloa y Tabasco, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar o, en su caso, abstenerse de aprobar normas que tiendan a la explotación de mujeres con fines reproductivos.
Además, que se solicite a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal y su correspondientes órganos legislativos que briden educación de calidad, capacitación y oportunidades laborales que sirvan para el desarrollo y dignificación de las mujeres de sus respectivas entidades, en lugar de exponerlas a la explotación con fines reproductivos.
La legisladora federal recordó que el Senado incluyó la figura de Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos en la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que sanciona con pena privativa de libertad a quien explote a una mujer con el fin de gestar a una niña o un niño para que, después de nacido, sea separado de su madre o se entregue a un tercero.
Indicó que la industria relacionada con la gestación de hijos para quienes pueden pagar por ellos ha crecido enormemente y ha puesto a las mujeres vulnerables en grave riesgo de ser explotadas por clínicas, intermediarios o las propias parejas que, aprovechándose de la mínima regulación local pactan condiciones sumamente lesivas o llegan incluso a incumplir sus acuerdos, cuando el hijo gestado no cumple con las expectativas de los solicitantes.
Finalmente indicó que lo que se vio como vanguardia y progreso ha servido para exponer a un gran número de mujeres vulnerables y a los hijos gestados mediante esta técnica, a la explotación en un mercado de seres humanos en el que intervienen médicos, juristas y parejas acaudaladas de México y del extranjero.