Los senadores panistas Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, y Ernesto Ruffo Appel presentaron una iniciativa para expedir la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, a fin de reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental en los diferentes medios de comunicación.
En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, Corral Jurado detalló que la propuesta, que consta de ocho capítulos y 64 artículos, plantea que en esta ley sean sujetos obligados la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, y en general todas aquellas instituciones o personas que ejerzan recursos públicos federales en el rubro de comunicación gubernamental.
En la exposición de motivos, los proponentes lamentan que el uso de la comunicación gubernamental se ha pervertido por diferentes razones, como la búsqueda de visibilidad o notoriedad en torno a los funcionarios públicos; el gasto discrecional y excesivo sin una rendición de cuentas eficiente; el establecimiento de mecanismos de “ayuda” a los medios de comunicación como forma de inversión directa para establecer “buenas relaciones” o “castigos” a través de la compra de espacios; y el cuestionamiento o confrontación a otras instituciones del Estado.
Entre las bondades de la propuesta, se plantea que en la comunicación gubernamental quede prohibido el contenido que se aparte de la objetividad e imparcialidad en la comunicación; orientado a promover logros de los funcionarios e instituciones públicas o que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; y destinado a injuriar o calumniar a cualquier sector de la sociedad mexicana en el ámbito político, social, económico o cultural.
También queda prohibido el uso de la comunicación gubernamental para presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio de comunicación en función de sus líneas informativas. Para quien incumpla estas disposiciones se plantea la imposición de una multa de hasta 4 mil días de salario mínimo.
“Es fundamental evitar así que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales”, acotó Javier Corral al presentar la iniciativa en la tribuna del Senado de la República.
Además, se propone que ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta de terceros, contrate comunicación gubernamental en medios dirigida a promocionar las instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la República.
Sobre la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación gubernamental, esta se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, además de que le otorgan facultades a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para atender denuncias fundadas de la sociedad civil sobre el incumplimiento de la ley.
El senador Javier Corral agregó que la iniciativa impulsa la conformación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental como un órgano plural de representación social, integrado por once ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación.
“Los consejeros durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos; el cargo es a título honorífico y no genera relación laboral alguna; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.
“Los consejeros serán seleccionados en consulta con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social”, detalló.
En la iniciativa se establecen las obligaciones de los sujetos regulados en cuanto al uso de los recursos utilizados para la comunicación gubernamental, con el fin de que la ciudadanía esté informada de los montos presupuestales destinados, los programas de comunicación, la distribución del gasto, los contratos celebrados y los pagos realizados. Los sujetos obligados deben publicar lo anterior en su respectivo portal de internet y de forma actualizada.
A más tardar el 31 de enero de cada año, los sujetos obligados deberán rendir ante la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el programa anual, desglosando campañas, mensajes y uso de los recursos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación está obligada a publicar los informes anteriores, así como las asignaciones de los tiempos de Estado y fiscales y el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
La iniciativa aborda la creación y administración del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya publicación y actualización será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación en su portal en internet, el cual se integrará con datos de los medios de comunicación, en cuanto a su cobertura, circulación o audiencia, periodicidad, tarifas, razón social, entre otros, proporcionados por los mismos medios de comunicación y actualizados en el mes de enero de cada año.
En cuanto a las sanciones a las que se harán acreedores quienes incumplan la ley, la iniciativa señala que éstas van desde la amonestación pública hasta los cuatro mil días de salario mínimo vigente, según la gravedad de la falta.
“La Secretaría de Gobernación podrá decretar la suspensión de los mensajes de comunicación gubernamental que violen las disposiciones establecidas en materia de contenidos; a su vez, los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón, podrían ser acreedores a la imposición de una multa de dos mil días de salario mínimo y, en caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente”, se concluye en la propuesta.