El edificio de la Cámara de Diputados está plagado de problemas de diseño, construcción y operación, lo que el Instituto de Ingeniería, lejos de descifrar, aprovecha para obtener millonaria renta que usufructúa de 1990 a la fecha, y cuya necesidad la crea y respalda espantando al cliente con un petate del muerto.
Lo anterior está documentado en la página 27 del libro “Descalabro de la Razón”, del ingeniero Ángel Pujalte Piñeiro, donde el autor reseña que el estructurista, que trabajó años en el diseño de los edificios, aventó a debutar una subsidiaria suya en mecánica de suelos.
Pero cometió gran parte de los vicios que Pujalte Piñeiro consigna en otro libro que tituló “La infracultura en la construcción”, en el cual relata cómo hacer primero el diseño estructural y después la mecánica de suelos.
Ahí establece como economizar en el estudio y menospreciar el proyecto de cimentación y así fundamenta que la construcción del edificio que alberga a la Cámara de Diputados es muy cuestionable porque se hizo en poco tiempo y en base a tres PCA (pozos a cielo abierto) y tres tubos Shelby.
Esto es que para nueve edificios en 14 hectáreas en el fango del fondo del exlago “La Lagunilla”, resulta poco serio, profesional y muy imprudente e irracional.
Por el valor de la obra frente al costo del muestreo y exploración, se debió haber hecho más muestreo para cada edificio que las que hizo para todo el predio. Y debió haber tomado en serio el diseño de las cimentaciones y no improvisarlo o hacerlo a la ligera en base a un alienado y momificado reglamento, sostiene Pujalte Piñeiro.
Añade en su obra que el reglamento es el parapeto de los técnicos y solo referencia de un piso, que no base de un profesional auténtico. Otro notable problema de los edificios de esa Cámara es que los construyeron al ahí se va. Son un excelente ejemplo de casi todos los vicios de la práctica de la Ingeniería Civil en la construcción que consigna en su libro “La infracultura en la construcción”, el cual contiene todo lo que no se debe hacer en las obras.
Agrega que encima de los errores del proyecto, es inocultable el deficiente control de calidad de la obra. “Ya chulearon los elementos estructurales, pero los reportes de daños y defectos en la estructura, que hizo el mismo proyectista después del sismo, evidencian un deplorable control de calidad en el transporte, colocación, compactación y curado del concreto.
“El temblor agrietó y fracturo elementos estructurales evidenciando defectos de cimentación y calidad del concreto. Y que el mismo proyectista se piche, cache y batee solo, exhibe un deficiente manejo del cliente o corrupción. Si ya uno falló, o hay duda, pues se debe pedir una segunda y hasta tercera opinión y no dejar que el propio causante explique sus fallas, entierre sus errores y además todo lo cobre a precios inflados.
“Y el tercer problema presente en los resultados de esa mala construcción, es que si el proyectista diseñó para 100 kg/m2, los ocupantes ya montaron cisternas, imprentas, elevadores, bodegas y archivos (el papel es de lo más pesado) que no contemplaba el proyecto. Falta revisar las excentricidades de carga y sobrecargas en los edificios.
Y el cuarto problema es el mal mantenimiento, es normal que las cámaras de cimentación estén llenas de agua, cuando debían estar vacías y se carece de bitácoras. Tienen subestaciones eléctricas y plantas de emergencia que no se sabe cómo están.
Sobre estas bases, lo evidente es que todos los edificios están desplomados y con asentamientos diferenciales.
“Y el proyectista en 1988 dice que “debía” meter los edificios al nuevo reglamento. Lo que es una mentira que pretende ocultar algo. El sismo es el único autorizado para revisar las obras y se ve que al revisar los edificios encontró los problemas de cimentación, calidad de construcción y mal uso. Por lo que reprobó, marcó o fracturó elementos.
“La “metida” al nuevo reglamento se limitó a la reparación y reforzamiento de los elementos fallados en cimentación y estructura. Agregar pilotes y encamisar elementos. Dejando intactos los elementos que no presentaban problema.
“De haberse tratado de meter a los edificios al nuevo reglamento, entonces se debieron reforzar todas sus partes para que todos subieran al nuevo “factor de miedo”. No se sabe qué tanto de los problemas de la estructura obedecen a deficiencias de la cimentación y que tanto a mala construcción. Pero el propósito parece que es enterrar las cosas. Tampoco se sabe quién pagó las reparaciones, pero lo del reglamento parece pretexto para cobrar los errores.
“En este tenor, en 1990 aparece el Instituto de Ingeniería para supuestamente estudiar el caso y desde entonces cobra por instrumentar el terreno, hacer pruebas, anotar los cambios y estudiar la documentación del proyecto comparándola con el reglamento, sin percatarse ni consignar ningún error de proyecto, construcción u operación.
“Simplemente viendo los problemas como si fueran naturales, espontáneos y tratando de averiguar a donde van sin importar de donde vienen y no hubiera culpables ni deficiencias y errores profesionales que se deben corregir. Pero eso sí, ya tienen 20 años metidos y cobrando por una actuación muy cuestionable, enfocados más que nada a la cimentación, la que después de 30 años ya debió de haber llegado a un estado de equilibrio y por otra parte, estudiando desplomes y asentamientos sin revisar la distribución de cargas.
“Se limita a revisar lo exterior sin percatarse que lo interior influye y da recomendaciones sin comprometerse a ningún resultado. Filtra el rumor de que si no se hace lo que dicen, el próximo temblor tirará los edificios y matará mucha gente.
“Esto es una mentira, pues los edificios están chuecos y torcidos, pero estables. Ya encontraron su equilibrio y se reforzó lo que el sismo detectó como insuficiente. Se pueden considerar probados por el sismo, autorización que vale más que la de cualquier supuesto ingeniero de cualquier Instituto.
“Otra inmoralidad es que el Instituto no trabaja en base a un contrato que defina compromisos serios, sino a convenios que no definen alcances, posibilidades ni resultados esperados. Un limbo de compromisos. Cobran por hacer pruebas, reportar resultados y hacer recomendaciones. Lo que es lo mismo que nada.
“No adquieren compromisos profesionales y solo propalan o se apoyan en rumores para aterrizar necesidades como recomendar y amenazar que una sola empresa constructora es la que puede hacer los trabajos que recomiendan.
“Por ello se recomendó a la Cámara de Diputados que comprometa a los ingenieros y les solicite que reporten por escrito lo que pasaría si no se cumplían sus recomendaciones, a lo que el Instituto de Ingeniería no tuvo más remedio que contestar que nada, que los edificios se seguirían deformando, desplomando y hundiendo en el mediano y largo plazo, pero sin aclarar que eso no va a pasar por inestabilidad de los edificios sino del subsuelo, mientras se siga sobreexplotando el acuífero.
“Es grave el problema cualitativo. El Instituto de Ingeniería es una estructura que la sociedad mantiene, le cuesta mucho sobre la creencia que se va a dedicar a crear ciencia y tecnología para la sociedad mexicana y no un grupo de oportunistas que se dedica a hacer competencia dumping a los profesionales.
“Un galimatías que desde un limbo gubernamental daña a la profesión vía perjudicar a los profesionales de la iniciativa privada, pues por un lado hace negocio al cobrar doble, porque la sociedad ya los mantiene y consiente vía los presupuestos de los Institutos (cobran como investigadores y académicos) y en el sistema Nacional de Investigadores.
“Por otro se involucran en asuntos que desconocen y hacen mal. Un investigador se capacita en una práctica muy diferente a la de un profesional. El conocimiento, preparación y habilidades que cada cual adquiere y desarrolla es muy diferente. No se equiparan.
“Además se distraen de lo que se supone que deberían hacer, que es crear conocimiento científico y técnico, nuevo, útil para el desarrollo nacional, vía el desarrollo de la Ingeniería Civil mexicana. Que en el caso de la Ingeniería Civil habría que revisar lo que han aportado y aportan contra lo que han costado y cuestan.
“Es decir, qué tanto de su presupuesto se despilfarra en investigaciones inútiles, simuladas o fuera de lugar y qué tanto cobran por dedicarse a otras cosas en las que no reditúan o peor, por ser perniciosos para el desarrollo profesional al que deberían aportar y para el del país.
“Como acaparan los puestos académicos, cuando su especialización los imposibilita para transmitir los conocimientos y habilidades profesionales de los que carecen. Que desquiten su costo, sueldo y gastos, haciendo cosas que sí reditúen a la profesión nacional y país, haciendo competencia dumping a los verdaderos profesionales o complicando su desarrollo amafiándose con políticos para sangrar presupuestos o someter otras especialidades.
“Como la creación de un Instituto de Seguridad Estructural solo para respaldar una maniobra política que permita apoderarse del control de las licencias de construcción, inflando costos creando nuevos trámites y necesidades innecesarias con sus consecuentes gastos.
“Como buscan y les otorgan premios por respaldar una maniobra política para culminar el negocio de la creación de un fraccionamiento VIP en la punta de los cerros del poniente. Que era zona de reserva por inaccesible. Otra entrada más para la mafia de ingenieros”.
Con todos estos fundamentos, el ingeniero Pujalte Piñeiro considera hacer un llamado urgente al Gobierno y al Poder Legislativo para acabar, de un vez por todas, con los millonarios negocios que explotan vivales de la ingeniería.