La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de las personas con padecimientos mentales internos en los hospitales psiquiátricos del país.
En un informe especial que remitió al Senado de la República, la CNDH hace patente su preocupación por quienes presentan algún tipo de padecimiento mental y se encuentran internadas en diversas unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica que dependen del gobierno federal y de los estados.
Con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece, la Comisión realizó visitas de supervisión a 41 hospitales ubicados en 26 entidades, toda vez que el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala no cuentan con hospitales psiquiátricos que brinden atención intrahospitalaria.
Como resultado de ello, la CNDH encontró que las condiciones de las instalaciones son inadecuadas, se ofrece mala alimentación, falta abastecimiento de vestido y calzado y existen restricciones en la comunicación con el exterior.
Además, dijo, “la falta de reglamentos y manuales de procedimientos advierten violaciones a los derechos humanos relacionados al trato digno, legalidad y seguridad jurídica”.
También descubrió irregularidades en el registro de pacientes, falta de personal médico, deficiencias en la prestación del servicio, insuficiente personal de seguridad, falta de capacitación sobre derechos humanos y ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física.
Del mismo modo, la Comisión hizo notar que en los hospitales psiquiátricos hay respuesta negativa de servicio a las personas que viven con VIH/SIDA, restringen el acceso a la protección de la salud y generan actos contrarios a la dignidad de las personas que padecen dichas afectaciones de salud.
En este contexto, la CNDH dirigió algunas propuestas a la Secretaría de Salud, al director del IMSS, a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal.
Entre ellas, planteó la necesidad de que en el Distrito Federal, Morelos, Nayarit, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala operen unidades hospitalarias médicos-psiquiátricas, así como centros de atención especializada para personas con discapacidad psicosocial.
Sugirió tomar medidas para evitar toda clase de abuso en agravio de las personas internas y sensibilizar al personal sobre los límites en el ejercicio de su empleo y la responsabilidad legal que resulta al cometer, instigar o consentir cualquier tipo de abuso.
La Comisión les recomendó garantizar el acceso de los usuarios a los medios de comunicación disponibles, como el servicio telefónico, publicaciones escritas, la radio y la televisión, salvo cuando esto sea contrario a los objetivos del tratamiento médico y de rehabilitación psicosocial.