Por Salvador Flores Llamas
La comisión Nacional de Derechos Humanos estrenó su facultad de citar a altos funcionarios para responder de hechos en que se hayan violado esas prerrogativas en su jurisdicción, al comparecer ante ella el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero para informar sobre el operativo que dejó dos estudiantes muertos y 15 torturados de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
El hecho levantó gran insurgencia cívica, pero nunca se dijo que los alumnos habían casi incinerado al despachador de una gasolinera, arremetido contra los policías con piedras y palos y causado actos punibles, pues es costumbre erigir a los rijosos en víctimas, cual si fueran blancas palomas; lo que impide la impartición de la justicia.
A la muerte del hijo de Javier Sicilia y socios, ni se investigó una posible alianza con el narco; pero (aunque detuvieron a los presuntos culpables) él capitalizó el suceso para publicitarse en el país y el exterior con marchas y demandas y servir a un suspirante presidencial, y no extrañaría apareciera entre los senadores de lista, los que no hacen campaña.
Deberían cuidarse todas las aristas de hechos punibles, no hacer víctimas a presuntos delincuentes ni prostituir a instituciones como la CNDH, el IFE y el Tribunal Federal Electoral, nacidos para cuidar más la justicia en el país, y salen muy caras, como revelan los escandalosos ingresos de sus magistrados, consejeros e integrantes.
Ahí entran el Senado y la Cámara de Diputados, que refugian a delincuentes y gente desacreditada.