En los últimos ocho días la Secretaría de la Función Pública informó de la captura de seis funcionarios públicos corruptos que sangraban al IMSS, INEA y Conagua, pero se trata solo de “peces chicos”, mientras los grandes navegan escudándose en la maraña de la extensa administración pública federal.
Autoridades federales detuvieron en Villahermosa, Tabasco, al subdirector jurídico de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien fue denunciado como presunto responsable de actos irregulares.
La detención ocurrió durante un operativo conjunto de verificación de obligaciones de los servidores públicos, en el que intervinieron la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Interno de Control de Conagua.
El subdirector jurídico de la Gerencia Estatal de Conagua en Tabasco exigió a un ciudadano el pago de 80 mil pesos para no ejecutar una multa por 574 mil pesos, impuesta al ciudadano y denunciante por la presunta posesión irregular de un pozo de agua dentro de su propiedad, en el municipio de Cunduacán.
El servidor público fue detenido en Villahermosa, al salir de un restaurante en esta ciudad, con dos mil pesos en su poder que le entregó momentos antes el ciudadano, como adelanto de la cantidad exigida.
Tras ser detenido, el empleado de Conagua fue trasladado a la delegación estatal de la PGR en Tabasco, donde enfrentará una averiguación previa por el delito de extorsión.
En paralelo, el Órgano Interno de Control de Conagua inició un expediente de responsabilidades administrativas por los hechos señalados.
También elementos de la Policía Federal aprehendieron en Monterrey, Nuevo León, a un empleado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), al momento de recibir mil 600 pesos, de manos de una asesora solidaria.
La detención ocurrió durante el operativo de verificación de obligaciones, que encabezó la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) del INEA y la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde mayo de 2010 hasta abril pasado, el servidor público --con cargo de Técnico docente, adscrito a la Coordinación de Zona 9 del INEA-- exigió la mitad de las gratificaciones recibidas por la denunciante.
En suma, la asesora solidaria presumiblemente entregó un total de 19 mil 200 pesos, bajo amenaza del hoy detenido de que, de no hacerlo así, la daría de baja como asesora solidaria; situación que ocurrió en mayo pasado.
Tras su detención, el técnico docente fue trasladado a la Delegación de la PGR en el estado como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad y extorsión; por este último delito fue consignado al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León.
Con respecto a la sanción administrativa, el OIC le notificó al servidor público de la suspensión temporal de su cargo, con el fin de facilitar las investigaciones correspondientes.
Dentro del INEA, las figuras solidarias apoyan la labor educativa del instituto; por ejemplo, los asesores solidarios facilitan el aprendizaje del educando, a través de la motivación, el apoyo académico y la retroalimentación continua para mantener su participación en el estudio.
Días antes se dio a conocer que elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron a cuatro empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, por su presunta responsabilidad en el robo de material quirúrgico y de curación como catéter, compresas, gasas, guantes de látex, entre otros.
Derivado de una denuncia anónima, autoridades del IMSS, la Secretaría de la Función Pública y de la PGR llevaron a cabo un operativo conjunto de verificación de obligaciones en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional “La Raza”.
Dicho operativo permitió corroborar que tres empleados con cargo de auxiliar de almacén, adscritos al Departamento de Abastecimiento, y un chofer, adscrito al Banco de Sangre, sustraían material quirúrgico de ese centro de salud.
Los involucrados trasladaban el material robado en un vehículo tipo microbús, propiedad del Banco de Sangre, y lo descargaban en un domicilio particular de la delegación Azcapotzalco, presuntamente propiedad de uno de los servidores públicos implicados.
Los detenidos fueron trasladados a la Subdelegación Zona Centro de la PGR, acusados del delito de robo, en donde se les acreditó la posesión del material de curación robado del IMSS, presumiblemente para su venta posterior, valuado por peritos de la corporación en 125 mil pesos.
A cada uno de los implicados se le fijó una fianza para enfrentar su proceso penal en libertad: a los tres almacenistas por 21 mil pesos cada uno; y al chofer por 73 mil pesos pues además puso en riesgo tejido hemático, propiedad del Banco de Sangre del IMSS, por lo que también será consignado por ejercicio indebido del servicio público.
Además, los cuatro detenidos, al día siguiente de su detención, fueron suspendidos de manera temporal de su empleo por el Órgano Interno de Control en el IMSS, mientras concluyen las indagatorias. Podrían hacerse acreedores a sanciones administrativas como la destitución definitiva y la inhabilitación para ejercer un cargo público hasta por 20 años.