Durante la V Jornada de Derecho Parlamentario México-España “Representación Política y Calidad de la Democracia”, legisladores de ambos países coincidieron en la necesidad de otorgar mayores facultades al Poder Legislativo para la fiscalización y el control del gasto público.
En el diálogo temático “Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo”, el integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, consideró indispensable que el Congreso mexicano tenga un papel más preponderante y protagónico en el ejercicio del presupuesto.
También consideró necesario institucionalizar la cooperación política en la elaboración de políticas públicas entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Señaló que actualmente el Congreso mexicano funge como un contrapeso del Ejecutivo y aseguró que las reformas en materia de gobierno de coalición y de reelección evitarán que el Legislativo sea un mecanismo de parálisis gubernamental.
Advirtió que si no existe voluntad política en los mecanismos de diálogo eficaces, no habrá diseño institucional que permita al país un desarrollo nacional.
También el presidente de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados de España, Carlos Aragonés Mendiguchía, sugirió favorecer la fiscalización presupuestaria; es decir, dotar al parlamento de una verdadera atribución de control de ingresos y gastos.
Mencionó que la relación entre ambos Poderes debe ser una dupla coordinada, ya que “son los resortes de producción para obtener un destello económico”. Destacó que se ha ido ganando terreno en la calidad institucional, lo cual es una condición previa para que ocurra un desarrollo.
El legislador consideró que actualmente hay una “Ley de hierro” que hace recaer mayor poder en el Ejecutivo, haciendo parecer que el Parlamento tiene perdida la batalla, cuando debe ser una institución poderosa.
Aragonés Mendiguchía subrayó que en materia de desarrollo institucional, no hay nada mejor que medir la posición del Parlamento respecto al gobierno, para entender cuál es la salud de un Congreso.