Al año, cada uno de los 500 diputados recibe 172 mil 332 pesos para establecer módulos de atención ciudadana en sus distritos o circunscripciones, sin embargo, en la práctica son pocos los legisladores que abren oficinas de enlace.
Por lo anterior, el diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para que sea obligatoria la instalación de una oficina o módulo de atención ciudadana y gestión social, con total arreglo a la transparencia y rendición de cuentas.
El legislador indicó que los recursos recibidos por los diputados para los módulos de atención son manejados con discrecionalidad, en virtud de que la ley no obliga a los diputados a presentar comprobantes de los gastos para atender las necesidades de los ciudadanos en sus respectivos distritos electorales.
Además, señaló, la partida que reciben los diputados para el rubro de atención ciudadana, se da por comprobada sólo con su firma en el recibo o, en su caso, con el comprobante del depósito bancario, lo que evidencia la falta de exigencia de rendir cuentas sobre esos recursos.
El diputado tabasqueño detalló que cada uno de los 500 diputados federales recibe mensualmente 28 mil 722 pesos por concepto de atención ciudadana, cifra que representa 172 mil 332 pesos por año por diputado, pero que multiplicada por los 500 legisladores durante los 3 años que comprende cada legislatura arroja un total de 516 millones 996 mil pesos.
Jiménez León enfatizó que estos datos hacen patente la falta no sólo de información sobre el gasto en atención ciudadana sino de una relación de los diputados que sí operan una oficina o módulo de atención y gestión social en sus distritos.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano resaltó que la reforma que presentó al artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene dos objetivos fundamentales:
1. Hacer obligatoria la instalación de una oficina o módulo de atención ciudadana y gestión social con total arreglo a la transparencia y rendición de cuentas; y
2. Convertirse en una herramienta para avanzar a modelos reformadores de participación ciudadana, como el monitoreo, la cogestión social, el presupuesto participativo, el observatorio ciudadano y la contraloría social.
El diputado tabasqueño agregó que Movimiento Ciudadano considera fundamentales estos planteamientos para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto que pretende garantizar que los recursos públicos que se destinan a los módulos de atención ciudadana y gestión social no sean utilizados discrecional e irresponsablemente para generar, entre otros procesos, redes clientelares.