El diputado federal Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara consideró que la Ley General en materia de Delitos Electorales recién aprobada no establece tipos penales para sancionar el acceso ilegal a tiempo de radio y televisión.
Además, dijo, tampoco garantiza la investigación, ni la sanción a las aportaciones de recursos fuera de la ley; tampoco contempla como delito el financiamiento ilegal en precampañas y campañas políticas, así como la aportación de partidos políticos y fondos públicos durante su desarrollo.
En su calidad de secretario de la Comisión de Gobernación, afirmó que dicha Ley excluye la responsabilidad de funcionarios electorales, en particular de quienes integran los órganos de dirección y administración de la misma, por lo que “continuará la impunidad para casos como Monex, Pemexgate o similares”.
En esto coincidió el también diputado federal Alfonso Durazo Montaño, quien sostuvo que en el fondo esta Ley está llena de argucias legales y nulo impacto para mejorar el marco electoral. “Contiene aparentes avances, pero notables lagunas jurídicas y vaguedades conceptuales que redundarán en la imposibilidad de su aplicación por los grandes vicios en la lógica jurídica del procedimiento”, advirtió.
Destacó que a 17 años de existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha iniciado 18 mil 235 averiguaciones previas, pero aclaró que lo grave es que de todos los delitos no se ha castigado a uno solo de los responsables; de esa dimensión es el tamaño de la ineficacia del marco electoral”, precisó.