Ante el riesgo latente de que las parejas mexicanas sean víctimas de engaño y sometidas a procedimientos inseguros en materia de reproducción asistida, la senadora Cristina Díaz Salazar presentó ante la Comisión Permanente un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La legisladora reconoció que prevalece la duda sobre la calidad de las clínicas de reproducción asistida existentes, pues la mayoría de ellas carece de certificación de sus procesos por clínicas que no cumplen con los estándares de calidad.
Es por ello, dijo, que los integrantes de esta comisión consideran viable la propuesta de incluir en la Ley General de Salud, la facultad de la Secretaria de Salud para regular y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida acreditada científicamente; así como requerir a los centros de reproducción asistida a que soliciten una autorización sanitaria.
La senadora dejó en claro que por ser una técnica que debe quedar bajo la vigilancia de la Secretaria de Salud federal, es un deber insoslayable brindarle las bases a dicha institución para que regule todas las técnicas de reproducción humana asistida, y controle a todos los establecimientos que las realicen, bajo los estándares internacionales en la materia y respetando en todo momento los derechos humanos de todos los co-implicados.
Detalló que según diversos expertos, en México operan 80 centros, de los cuales sólo 30 están registrados en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (RED), institución científica y educacional, que reúne más del 90% de los centros que realizan técnicas de reproducción asistida en Latinoamérica.
Cristina Díaz indicó que desde hace más de dos décadas, las técnicas de reproducción humana asistida se han venido implementando, tanto en instituciones privadas como públicas; sin embargo, éstas no cuentan con un marco legal que las regule.
“Según cifras que aporta el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática), en México existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, de ahí la importancia para que sea regulado este problema de salud pública y se marquen las pautas mínimas de protección”, sentenció.