El senador panista Fernando Herrera Ávila pidió que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, comparezca y exponga los mecanismos de aplicación del sistema nacional para la Cruzada contra el Hambre, así como los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios que integran esa cruzada.
A través de un punto de acuerdo, el legislador por Aguascalientes indicó que, a pesar de la importancia que tienen iniciativas como esta cruzada, “en el PAN estamos sumamente preocupados por el diseño de dicho programa, el cual da muestras claras de opacidad y de asistencialismo”.
En primer lugar, puntualizó, no sabemos por qué se seleccionaron esos 400 municipios. “En la cruzada se señalan 400 municipios como supuestamente prioritarios, pero cabe decir que previamente la Cámara de Diputados, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, definió mil 88 municipios como prioritarios para la ejecución de los diferentes programas de la Sedesol.
“Todos estos mil 88 municipios son clasificados de alta o muy alta marginación, mientras que en los 400 municipios de la cruzada se incluyeron municipios de baja o muy baja marginación, es decir, siguiendo criterios subjetivos de prioridad, por lo cual no queda clara la inclusión de la totalidad de los referidos 400 municipios en el programa”, señaló.
Por ponerles un ejemplo, refirió Herrera Ávila, los municipios de Saltillo y de Torreón, en Coahuila, en orden progresivo están ubicados en el lugar de marginación 2 mil 400, 2 mil 600, aproximadamente, y sin embargo están incluidos en estos 400 municipios que considera el decreto de la cruzada.
“Este ejemplo es uno de los muchos que se han venido repitiendo en cada uno de los estados y que de manera reiterada llaman la atención para pedir explicación al respecto.
“En un ejercicio elemental de transparencia, es necesario que se nos expliquen los criterios utilizados para seleccionar los 400 municipios; pareciera que otras variables distintas a la pobreza han guiado dicha selección de municipios y, desde luego, queremos conocer dichos criterios que se han usado”, remarcó.
Apuntó que un segundo elemento de duda lo representan las acciones que realizan las diferentes dependencias federales y gobiernos locales involucrados en la Cruzada.
“En el decreto de la cruzada se menciona que participan secretarías de Estado, pero no se explica las acciones específicas que implementará cada una de ellas.
“Tampoco se nos ha informado si esta información implicará modificaciones en el diseño de los programas ya existentes, y en la aplicación del presupuesto ya aprobado en la Cámara de Diputados”, acotó.
De igual modo, subrayó que no se ha explicado si, en caso de que el gobierno federal llegue a acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, habrá un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.
“En los gobiernos del PAN, los programas sociales se caracterizaron por ser evaluados y sus resultados publicados para conocimiento de la sociedad y los expertos; además las evaluaciones eran coordinadas por el Coneval y efectuadas por expertos y académicos independientes, todo ello de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
“Cualquier esfuerzo por combatir el hambre es loable, pero que sea creíble y no mera demagogia, por eso es necesario que estos esfuerzos sean evaluables, y es fundamental que el gobierno federal nos muestre el sistema de indicadores y los avances puntuales que seguirá la Cruzada para medir sus resultados, que, en su caso, justificarían su continuidad y crecimiento”, concluyó el senador.