El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados llevó a cabo la conferencia Avances en la implementación del juicio penal acusatorio, con el propósito de conocer los beneficios y resultados que traerá este modelo en la impartición de justicia.
Durante el evento, el ponente de la conferencia, Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, resaltó que entre las principales ventajas está la reducción en los tiempos de los juicios hasta en una tercera parte de lo requerido con anterioridad.
“Con el sistema utilizado antes, el tiempo que tardaba un juicio era en promedio de 543 días, con este nuevo modelo el proceso dura alrededor de 152 días”, resaltó.
Afirmó que con estos cambios podrá haber una disminución de hasta el 20 por ciento en la población de las cárceles respecto de personas que no cuentan con sentencia.
“Los resultados los veremos hasta dentro de una generación, no a corto plazo. El 60 por ciento de las personas que se encuentran en prisión preventiva es por delitos equivalentes a robos menores de 6 mil pesos; se criminaliza a la pobreza con el anterior modelo”, expresó.
Explicó que los cambios se debieron a que el anterior modelo de juicio penal acusatorio se encontraba caduco y había sido rebasado; tenía fama por la corrupción que había y su opacidad. Se obligó a transparentarla, subrayó.
“Lo que se busca más que cambiar el proceso es transformar de fondo a las instituciones de justicia y de seguridad mediante el sistema de difusión y culturización del nuevo sistema”.
Dijo que antes que buscar la construcción de nuevas salas para juicios orales es prioritario tener sistemas de planeación para la aplicación de las reformas.
Indicó que hasta el momento 10 entidades han aprobado las reformas en la materia de juicios penales acusatorios, mientras que el resto de los estados se encuentran en discusión en las respectivas comisiones; Nayarit y Distrito Federal aún se encuentran pendientes.
Por último, señaló que a lo largo de la implementación de este modelo los costos se reducirán de forma paulatina con lo cual, destacó, “dentro de algunos años hará a la justicia penal más barata”.
Cabe señalar que el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, en materia penal, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteriormente aprobado por la Cámara de Diputados.
Por su parte el director del CEDIP, César Becker Cuéllar, consideró que es necesaria la transformación de las instituciones jurídicas del país.
Puntualizó que se trata de una reforma que implica una transformación cultural completa en materia penal.