*Caso Valentina Rosendo Cantú
Palabras textuales de la Procuradora General del República, Marisela Morales Ibañez, al referirse al caso de Valentina Rosendo Cantú: “El Derecho a la Justicia debe ser otorgado a plenitud a las víctimas o sus ofendidos.
“El Estado, como responsable de la seguridad de sus ciudadanos, tiene la obligación indeclinable de instrumentar los mecanismos legales y prácticos para hacer valido tal acceso a la Justicia. La justicia se administra con vocación ética y se imparte con responsabilidad histórica.
“Las instituciones de procuración de justicia del México de hoy, tienen pleno conocimiento de esta obligación. Obligación que ha adquirido mayor relevancia con la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos.
“La instrucción del señor Presidente, es muy clara: la autoridad debe acatar lo que dicta la ley y apegarse a lo que de ellas se resuelve.
El pleno acceso a la justicia se alcanza desde la procuración de la justicia misma, ofreciendo al juzgador todos los elementos de convicción. Ésta es la fórmula para acabar con la impunidad.
“México, siempre respetuoso de las observaciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, defensores y promotores de los Derechos Humanos, pondera su observancia irrestricta.
“Por ello, en los últimos años el Estado Mexicano ha concretado otras reformas constitucionales de gran trascendencia, como lo es la reforma al Sistema de Justicia Penal.
“Con esta reforma, estamos transitando de un sistema inquisitorio a un nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial. En este nuevo sistema se garantizan los derechos de los imputados y de ofendidos, y se le da un papel preponderante a las víctimas de los delitos.
“La reforma en materia de Amparo, con la que se fortalecen los mecanismos para la defensa y protección de los derechos de todas las personas, es otra muestra más del palpable del compromiso adquirido.
“En el caso de la señora Valentina Rosendo Cantú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que nuestro país incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia.
“Y la misma Corte, por tanto, declaró que “el Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con el delito infringido de la señora Rosendo Cantú, con el fin de determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea.”
“En este sentido, la Procuraduría General de la República que tengo el honor de dirigir, decidió en completa concordancia con la sentencia de la Corte Interamericana, atraer la investigación en el presente caso.
“Asimismo, se designó a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para atender esta obligación internacional, pero sobre todo moral y de dignidad nacional.
“He instruido que se lleve a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales, con libre acceso al expediente y la conformación de un plan conjunto de trabajo.
“Así lo hemos asumido, en observancia a los párrafos 211 a 213, de la resolución, en los que se solicita al Estado Mexicano que la investigación se realice con la debida diligencia; amplia participación de la señora Rosendo Cantú, sin revictimizarla; perspectiva de género y de etnicidad y que no se exponga a mayores riesgos.
“Bajo este modelo es que estamos atendiendo a la señora Valentina Rosendo Cantú, desde que fue enviado el expediente a esta Procuraduría General de la República el 20 de septiembre pasado.
“Con la aquiescencia de los representantes legales, se conformó un grupo multidisciplinario compuesto por una trabajadora social y peritos en antropología, criminología, victimología y psicología social.
“A este grupo se le encargó realizar una exhaustiva investigación con perspectiva de género y atención a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
“Además, en la indagatoria interviene un intérprete en la lengua materna de la víctima.
“De esa forma, la Procuraduría General de la República avanza en el ámbito de sus atribuciones, en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana.
“Invito a la señora Rosendo Cantú y sus representantes legales a continuar trabajando juntos para que la Representación Social de la Federación cuente con mayores elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos, garantizando con ello el acceso a la justicia que nos merecemos como ciudadanos y seres humanos.
“La decisión del Gobierno Federal de privilegiar la atención de los casos como el que hoy nos convoca, va estrechamente vinculada con los fines de la protección nacional e internacional de Derechos Humanos.
“Avanzar en esta dirección, nos permite consolidarnos como un Estado Democrático de Derecho, con un sistema de procuración y administración de justicia al alcance de los habitantes del país y respetuoso absoluto de los Derechos Fundamentales de las personas.
Sigamos trabajando por un México en el que los servidores públicos y la sociedad, nos conduzcamos bajo el imperio de la ley, como la mejor manera de garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos, y las garantías para su protección.
“Estamos construyendo un México en el que las instituciones están al servicio de los ciudadanos y en el que sólo se utiliza la fuerza de la ley para combatir a los delincuentes que atentan contra el orden, la paz y la seguridad de los ciudadanos.
“México es una gran nación, conformada desde sus orígenes por normas, donde la grandeza de su historia, tradición, costumbres y gente, así lo demuestran.
“Cumpliendo los compromisos internacionales, los mexicanos de hoy honramos ese pasado glorioso”.