· La impunidad es la mayor amenaza contra los periodistas
· Tenemos el compromiso de revisar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y su Mecanismo
Tras confirmarse por parte de las Fiscalías Generales de Puebla y Veracruz la muerte de la periodista Anabel Flores Salazar, la senadora Angélica de la Peña se pronunció porque el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), específicamente, por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dado que las autoridades estatales y municipales de Veracruz han mostrado incapacidad para frenar la ola de violencia en contra del gremio periodístico.
“El asesinato de Anabel Flores no quedará impune, las autoridades están obligadas a investigar exhaustivamente hasta localizar y detener a los autores materiales e intelectuales de tan deleznable acto, y en el Senado estaremos atentos a ello”, exigió la senadora del PRD.
La Fiscalía General del estado de Veracruz no sólo ha sido insensible, apuntó la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, también violentó los derechos de las víctimas al criminalizar a Flores Salazar aduciendo una supuesta relación con la delincuencia organizada a las pocas horas de su desaparición.
La senadora de la Peña dijo que es urgente que se investigue también la actuación de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), de la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, no sólo en este caso sino en todas las investigaciones que involucren amenazas, agresiones, desapariciones y homicidios de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, pues la mayoría de los casos permanece sin resolverse y los criminales gozan de la impunidad.
Urgió al gobierno de Javier Duarte a garantizar la implementación inmediata de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la familia de Anabel Flores y señaló que desde el Senado de la República se tomarán las medidas necesarias a fin de que ninguna agresión contra periodistas o personas defensoras de derechos humanos permanezca sin sanción.