Al poner en marcha los trabajos de la LXXXV Reunión del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial, la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, revalidó el compromiso institucional de mejorar la calidad del sistema de justicia penal para concretar una aplicación imparcial de la ley en el combate a los delitos en la materia, pues vulneran a la sociedad, obstaculizan el desarrollo nacional, se traducen en riesgos para la salud, provocan pérdidas económicas al sector productivo e impactan en la Hacienda Pública.
En términos generales, el “cáncer de la piratería” priva al país de desarrollar sanamente el potencial creativo de miles de generadores de soluciones y de propuestas en diversos ámbitos, aseveró durante la ceremonia realizada en el Salón Independencia del edificio sede de la institución.
La Procuraduría a mi cargo se compromete a trabajar, con transparencia y de la mano de las instituciones que hoy nos acompañan, con los objetivos de este nuevo modelo, mucho más garantista y enfocado en garantizar la reparación efectiva del daño, destacó la Abogada de la Nación ante autoridades de los tres ámbitos de gobierno, cámaras industriales, asociaciones y empresas que integran dicho comité.
Manifestó su convicción de que fortaleciendo los lazos entre gobierno y sociedad, con el desarrollo de proyectos conjuntos, con el compromiso franco y transparente entre nosotros, se lograrán las metas propuestas. “El Comité que hoy sesiona es una plataforma de trabajo y convergencia de políticas públicas”, subrayó, y por ello, en la PGR tenemos la misión de abrir los espacios institucionales necesarios para conocer las necesidades de la sociedad y generar políticas conjuntas para el combate de estos delitos.
Arely Gómez González destacó que en el Comité se unen voluntades y generan sinergias entre el sector empresarial, social, internacional y el Gobierno de la República; bajo la directriz de mejorar, con esfuerzo y trabajo, los mecanismos empleados para el combate de los delitos contra la Propiedad Intelectual.
Ponderó que hoy se dispone de más herramientas para combatir los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, y éstos tienen el propósito de brindar certeza jurídica. Recordó que el 31 de julio pasado, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) se puso en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyo propósito es ofrecer a la sociedad un esquema moderno que, además de reducir la duración de los litigios, permite la presentación directa de pruebas y argumentos a los jueces.
La Maestra Arely Gómez González precisó que con este nuevo andamiaje jurídico, los agentes del Ministerio Público de la Federación cuentan con los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la acción penal por particulares, que permitirán a los titulares de derechos de propiedad intelectual encontrar un panorama renovado en materia de procuración de justicia.
Subrayó que la afectación de la “piratería” en el país se traduce en riesgo para la salud en su variante de comercialización de medicamentos apócrifos, y también en el consecuente impacto en la Hacienda Pública y generación de empleos.
Hizo mención a la Segunda Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y Falsificados en México, elaborada por la Cámara Americana de Comercio y el Centro de Investigación para el Desarrollo, la cual indica que las pérdidas para la industria por ese concepto sumarán, al final de este año, 13 mil 144 millones de pesos.
Ante esta situación, la titular de la PGR reveló que durante este año, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Derechos de Autor y la Propiedad Industrial aseguró ya tres fábricas de ropa apócrifa, seis millones de objetos del delito y desmanteló 21 laboratorios de videogramas y fonogramas falsificados.
Gómez González destacó por último la importancia de la Propiedad Intelectual en nuestro país y aseguró que con el mejoramiento de la calidad del sistema de justicia penal se conseguirá la aplicación imparcial de la ley.
Por su parte el responsable de la SEIDF, José Guadalupe Medina Romero, en su calidad de Presidente del Comité Interinstitucional, afirmó que la misión de este cuerpo colegiado tiene como objetivo determinar las estrategias para la protección de los derechos de autor y la propiedad industrial por lo que es necesario contar con un adecuado sistema de protección y coordinación, que permita a los titulares disfrutar de la explotación exclusiva sobre sus derechos.
Ante Representantes diplomáticos de Estados Unidos de América y Suiza, de las Comisiones de Enlace con los Poderes Judicial y Legislativo, de Capacitación, de Fiscalización y de Comunicación, así como de las Cámaras Industriales y Asociaciones del país, el Subprocurador Medina Romero afirmó que con la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, la protección de la propiedad intelectual podrá encontrar un nuevo modelo de justicia eficaz y eficiente que le permitirá desarrollar la investigación ministerial en una forma más ágil.
En este contexto, añadió que este nuevo modelo contará también con herramientas como los criterios de oportunidad, las soluciones alternas, la acción penal por particulares y el nuevo sistema de valoración de datos y medios de prueba. Para nuestra Institución, reforzar la confianza ciudadana configura un punto fundamental.
Sostuvo que la vigencia plena del Estado de Derecho y el crecimiento económico van de la mano, y que asegurar la legalidad es combatir la impunidad, es defender el empleo y el ingreso de miles de familias mexicanas.
Por otra parte, entre otros muchos datos de balance en las acciones, señaló que recientemente la SEIDF, en coordinación con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó la destrucción de más de nueve millones de productos apócrifos, los cuales constituían objeto del delito en conductas cometidas en daño a los derechos de autor y derechos de propiedad industrial.
Se tiene prevista, anunció por último, la destrucción de más de 30 millones de cigarrillos de tabaco, en dos etapas; la primera está programada para septiembre y la segunda se realizará antes de que concluya el presente año; y de 7 millones de otros productos apócrifos para octubre.
En la LXXXV Sesión del Comité participaron también el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal; el Visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, así como representantes de la Secretarías de Gobernación y de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Aduanas, Procuraduría Federal del Consumidor, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Igualmente estuvieron representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Instituto Nacional de Derechos de Autor, Confederación de Cámaras Industriales, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y del Consejo Regulador del Tequila.