Académicos solicitaron al Senado de la República que se abra la participación a organizaciones civiles y especialistas en la elaboración de las leyes secundarias contra la corrupción que, coincidieron, se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
En el marco del segundo día del Primer Ciclo Nacional de Debates de Jóvenes Universitarios, convocado por el Parlamento Juvenil de México 2015, y coorganizado por el Senado de la República, se abordaron los temas anticorrupción, transparencia y juventud.
Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró ante universitarios de más de diez estados de la República, que la “la corrupción es un problema de sobrevivencia y seguridad nacional, porque alimenta la desigualdad; fomenta la falta de productividad y baja la competitividad; es un impuesto regresivo y aleja la inversión; deslegitima la democracia, a los políticos y al régimen democrático. Si todos estos elementos no son un problema de sobrevivencia del Estado, pues ya no sé qué es”.
Ante la magnitud del problema, adelantó la investigadora, organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), la Red de Rendición de Cuentas del CIDE y México Evalúa, entre otras, han solicitado participar en el seminario internacional que se realizará en el Senado, sobre procesos de leyes secundarias anticorrupción realizados en otros países.
El objetivo, puntualizó, es que las organizaciones incidan directamente en la elaboración de dichas leyes, a fin de dotarlas de tres elementos básicos: cerrar ventanas de oportunidad para que se corrompa a las autoridades, lo cual requiere de dar “más dientes” a las instituciones para que sancione estos actos; formar recursos humanos especializados; y tipificar con claridad las faltas administrativas y los delitos de corrupción “para cerrar las posibilidades de que se caigan los expedientes, porque sabemos cómo los abogados siempre encuentran hoyos en la ley”.
La especialista consideró, por otra parte, que también es necesario reconocer la responsabilidad de la sociedad y establecer un castigo social a la corrupción, que actualmente no existe. “Yo puedo escribir un artículo furioso contra un secretario o gobernador, pero me siento en la misma mesa con él, cuando se debe castigar socialmente, porque de lo contrario no funcionan” las acciones anticorrupción.
También es necesario, abundó, eliminar falsas percepciones sobre la corrupción, como que se da debido a la necesidad de las clases más pobres. Lo cierto es que estas ilegalidades las comete con mayor frecuencia la población de clase media y alta. Estos actos se concentran mayormente en los primeros cinco deciles.