La Secretaría de la Función Pública está en espera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue la información solicitada para establecer los niveles de responsabilidad en que ha incurrido la empresa OHL que opera en México.
Así lo informó el titular de la SFP,Virgilio Andrade Martínez, durante la reciente reunión que tuvo con los diputados federales.
En respuesta a los cuestionamientos que le hicieron respecto al caso de OHL, señaló que cada vez que se presentan casos de carácter particular y de interés público, la dependencia a su cargo tiene la obligación de abrir auditorias.
En este sentido, informó a los legisladores que se abrió una auditoría por los reportes que la empresa OHL ha entregado en el mercado bursátil y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que en los próximos días se dará a conocer su veredicto específico.
En cuanto a la realización de obras específicas, continuó, la Secretaría tiene abierta una auditoría a nueve obras que se han llevado a cabo en el presente sexenio o servicios que, a través de concesiones, dicha empresa lleva a cabo, específicamente en obras carreteras en Guerrero, así como la autopista Atlacomulco-Atizapán y Puebla-Amozoc.
Aseguró que los resultados estarán probablemente a fines de año, e insistió en que en caso de que haya responsables, “se harán las remociones correspondientes”.
Y para prevenir otras irregularidades similares, Virgilio Andrade dijo que la dependencia a la Secretaría de la Función Pública firmó convenios específicos con el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y próximamente se harán con otras organizaciones de la iniciativa privada, con el propósito de ir de la mano en algunos aspectos de interés común, entre otros, el vinculado con las contrataciones públicas y su transparencia.
Del lado institucional, precisó, se tienen dos mecanismos donde la participación ciudadana está consolidada. Por un lado, la participación de los testigos sociales en licitaciones de gran envergadura, donde participan un total de 349, y el segundo y el más importante, la instrumentación de los contralores sociales, porque son ciudadanos, más de 130 mil, encabezados, en dos terceras partes de los 31 mil comités, por mujeres que vigilan la aplicación de los 58 programas públicos de carácter de desarrollo social en más de 2 mil 100 municipios.