En México no hay cifras confiables ni metodologías claras para analizar el mercado de drogas, coincidieron especialistas en el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas que se realiza en la UNAM.
Las estimaciones de la producción en el país son muy altas, porque nadie ratifica si las oficiales son reales, destacó el economista español Carlos Resa Nestares, de la Universidad Autónoma de Madrid.
En la mesa El mercado de las drogas en México, moderada por Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia, Resa planteó que las cifras están sobrevaloradas, porque así las agencias antidrogas obtienen más recursos para mantener su infraestructura burocrática.
En Estados Unidos y México la participación de ese mercado en la economía es equivalente a menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En esta empresa hay negocio en las áreas de producción y distribución, la demanda genera la oferta, y es elástica al precio. Así, los consumidores cambian de estupefaciente si cambia el valor, indicó Resa, para quien el dilema mundial es por qué las drogas son tan caras si los costos son bajos, la publicidad inexistente, y el mayor riesgo es la incautación.
Miguel Molina Foncerrada, director de CFI Consultores S.C., calculó que el valor de las exportaciones de marihuana mexicana es de dos mil millones de dólares anuales. En Estados Unidos se consumen cada año seis mil 500 toneladas, mientras que en México, 400 toneladas, añadió.
Un gramo cuesta 10 veces más en el mercado mayorista del vecino del norte que en México, que produce seis mil 500 toneladas y abastece totalmente el mercado norteamericano; “no se producen 27 mil toneladas como dicen las agencias, y 17 mil personas están directamente involucradas en la siembra”, precisó.
En su oportunidad, Beau Kilmer, codirector del Centro RAND de Investigación sobre Políticas de Drogas, de Estados Unidos, desconfió de los números en su nación, y puso de relieve que deben realizarse estudios académicos para tener datos confiables.
La demanda en la Unión Americana cambia, y esto afectará a México. “Si se legaliza, el precio bajará, se regularizará la cadena de producción sin riesgos de ir a la cárcel. Habría innovación tecnológica y laboratorios formales, no establecidos en las cocheras clandestinas”, dijo.
Al respecto, estimó que el precio de la marihuana antes de impuestos podría bajar más del 80 por ciento, y también reduciría la distribución del menudeo. “Si se legaliza la producción y las personas tienen invernaderos y granjas, disminuirá aún más, de acuerdo a la experiencia en California”, advirtió.
Mercado de las drogas
El narcotráfico es el mercado ilícito más grande en la historia de la humanidad, aún si no hay rigor en la forma y en las fuentes para estimar su monto financiero, señaló Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.
En su intervención como moderador de la mesa Aspectos financieros del mercado de las drogas en México, detalló que Estados Unidos tiene un mercado de estupefacientes 60 veces mayor al de nuestro país; supera 2.5 veces la cantidad de su población, pero quintuplica el consumo de drogas.
Por su parte, Thomas Pietschman, oficial de investigación en la sección Estudios y Análisis de Amenazas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, dejó en claro que los efectos financieros del narcotráfico mexicano no se hallan in situ, sino en la Unión Americana.
En su oportunidad, Alejandro Jesús Rebolledo, abogado experto en antilavado de dinero y director del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), Venezuela, comentó que en países como Hungría, Panamá y Brasil se ubican actualmente cuentas bancarias con fines de “blanqueo” de recursos.
Se requiere un cambio en la mentalidad de políticos y una modificación en la cultura de los pueblos para enfrentar al crimen organizado, enfatizó.
Ricardo Gluyas Millán, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se pronunció a favor de la creación de lo que denominó “unidades de inteligencia financiera patrimonial”, que serían organismos instalados en cada entidad federativa de México, enfocadas a identificar dónde y cómo están los bienes del crimen organizado, para generar afectación de sus recursos. “Una orden de aprehensión, en el mejor de los casos, tarda algunas horas, y una transacción de dinero, sólo unos segundos”, indicó.