La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para crear la Ley General para el Control de la Cannabis, propuesta por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya.
Presentada ante la Comisión Permanente, la propuesta establecería la facultad de la Secretaría de Salud de emitir, renovar y, en su caso, revocar las licencias correspondientes para la producción, autoproducción, fabricación, distribución y venta de los productos derivados de la cannabis.
Los establecimientos destinados al procesamiento de esta planta, precisa la Ley, contarán con un responsable sanitario encargado de la identidad, pureza y seguridad de los productos, que deberá ser un profesional con título registrado: un químico farmacéutico biólogo, farmacéutico industrial o un químico industrial.
En coordinación con lo dispuesto en el Código Penal Federal, la Ley fija que se sancionará a quienes comercialicen y operen el producto sin licencia, y a quienes lo vendan a menores de edad y empleen a los mismos para su producción.
También castigaría a quienes negocien productos de la cannabis cerca de un centro educativo y a quienes lo hagan por cualquier medio de comunicación.
Asimismo, precisa sanciones administrativas de clausura de establecimientos o pérdida de licencias en el caso de no cumplir lo que se establece en la ley.
Las actividades de producción y comercialización, destaca, estarían bajo control de verificadores nombrados y capacitados por la misma secretaría, quienes realizarían visitas a efecto de comprobar se cumpla con lo dispuesto en esta Ley.
Por otra parte, y para enriquecer la iniciativa, los legisladores perredistas proponen en la Ley General de Salud que el Ministerio Público no penalice la portación de las variedades de la cannabis cuando sea para consumo personal, ni su manejo cuando se cuente con una licencia sanitaria expedida por las autoridades.
En esta misma norma, se incluiría el Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, como materia de salubridad general, que instrumentaría campañas de información sobre los efectos del consumo de los estupefacientes y abriría centros para el tratamiento de farmacodependencias en todo el país.
Tal programa, especifica la iniciativa de Ley General para el Control de la Cannabis, se financiará con los recursos de un fondo especial establecido en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
También se respaldaría con los ingresos anuales del pago de derechos de las licencias y verificaciones del manejo y venta de la cannabis, y del pago de impuestos de estos bienes establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
Urge cambiar paradigmas para enfrentar el tráfico ilegal
Los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya opinan que la prohibición de las drogas no ha podido acabar con los problemas que derivan de su consumo, además de que esta política de Estado ha contribuido en el incremento exponencial de su comercialización ilícita.
Consideraron evidente y urgente un cambio de paradigma para enfrentar el problema del tráfico ilegal de estas sustancias, haciendo énfasis en la educación y la necesidad de promover el ejercicio responsable de la libertad, en lugar de la política punitiva y meramente represiva que, “como es notorio, ha fracasado”.
Aclaran que la idea de proponer una regulación rigurosa para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la cannabis y sus derivados, parte de los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la última que se ha publicado, donde se evidencia que la marihuana es la droga más usada.
Esta planta, acotan en su iniciativa los diputados, la han consumido 4.2 por ciento de las personas de entre 12 y 65 años; la población consumidora en México representa el 1.2 por ciento sobre la población general, duplicando a los que utilizan cocaína y otras drogas.
Los diputados subrayan que la mejor política ante las drogas es la que busca reducir el consumo mediante la persuasión racional, basada en la información científica. “La educación y el convencimiento siempre serán mejores y más efectivos que la represión y la coacción”, precisan.
“Finalmente, el ser humano decide de acuerdo a su conciencia qué hacer con su vida y con su organismo, es un asunto de libertades individuales. Por ello mismo, el desafío cultural que tenemos es el de promover el ejercicio responsable de la libertad, algo que ninguna Ley puede suplir”, concluyen.