La Comisión de Derechos Humanos aprobó un dictamen para que en el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se elimine el término “consentimiento” como causa de exclusión del delito de trata de personas y sea sancionado.
En el documento, impulsado por la diputada Cora Pinedo Alonso, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, se menciona que la actual ley establece que cuando se comprueba que hubo consentimiento de la víctima no existe delito por perseguir, lo cual atenta con lo dispuesto en instrumentos internacionales en los que México está inscrito.
“Así, los traficantes, proxenetas, reclutadores y todos aquellos explotadores que concierten, exploten o dirijan a otra persona hacia la prostitución, aun con su consentimiento, serían sancionados. En numerosos casos, esta gente utiliza el argumento del consentimiento como instrumento de defensa para librarse del castigo”.
Con las modificaciones se lograría dar mayor certeza jurídica, “debido a que hasta mayo de 2009, veintidós estados del país y el Distrito Federal habían promulgado la legislación que criminaliza algunas formas de trata de seres humanos a nivel local. Sin embargo, no se reportaron sentencias o castigos importantes contra tratantes de personas en el último año, a pesar de que el gobierno federal abrió 24 investigaciones”.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en 21 de las 32 entidades mexicanas se han detectado actividades de "turismo sexual" y de una importante incidencia de trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial.
El diputado Jaime Flores Castañeda dijo que desde el inicio de la LXI Legislatura el tema de la trata de personas ha sido primordial.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, señaló que las víctimas de trata de personas están en una situación de sometimiento que les ha sido no sólo robado su cuerpo sino su integridad, estabilidad y determinación a decidir sobre su vida. “No están en condiciones de dar consentimiento en relación a su postura como víctimas; se cumple con una obligación constitucional”.