Rosario de reclamos
Representantes de organizaciones empresariales recetaron todo un rosario de inconformidades con la Ley de Protección al Consumidor que les presentaron los senadores que la construyen y les advirtieron que de no perfeccionarse con sus observaciones, se corre el riesgo de estancar peligrosamente la creación de empleos.
“El nuevo ordenamiento debe promover la competencia de los mercados, garantizar y proteger los derechos de los consumidores de manera eficiente y que otorgue certeza jurídica al proveedor respecto de las actuaciones de la autoridad encargada de su cumplimiento”, remarcaron ante los legisladores.
Se pronunciaron en contra de que Profeco ejecute multas y las integre a su patrimonio, pues se podría crear un incentivo perverso; piden que no verifique mercancías al interior de recintos aduaneros; ni ordene el retiro de mercancías que pongan en riesgo la salud, la vida y la seguridad de las personas, sin que la autoridad competente en la materia determine tal riesgo, tal como lo prevé la ley vigente.
Comentaron que la iniciativa duplica innecesariamente ciertas obligaciones ya previstas en las normas oficiales mexicanas, como la exigibilidad de requisitos de información comercial que deben ostentar los productos, lo relativo a las garantías de aparatos electrónicos, y las medidas precautorias excesivas.
Respecto a este último punto, los representantes empresariales argumentaron que es extremo, injustificado y desproporcionado incluir la clausura como medida precautoria, pues su aplicación sólo debe proceder como sanción en los casos señalados como graves por la ley vigente.
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), expuso una serie de artículos que preocupan a su gremio, como el 64 y el 23 que, dijo, le otorgan facultades excesivas a la Profeco, como determinar a su criterio la aplicación del procedimiento de ejecución para cobrar multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente.
Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), comentó que el principio básico de un proyecto es que las leyes regulen pero sobre todo promuevan la competencia sin elevar los costos de transacción; que no signifiquen un control inapropiado de los mercados y que no limiten la libertad económica.
Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, señaló que se requiere una ley transparente, que permita su cumplimiento, sin requisitos exagerados y conforme a nuestra realidad, que otorgue certeza jurídica, que no inhiba la inversión y la creación de fuentes de empleo.
Raúl Requilme Cacho, director de Enlace Legislativo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseveró que la iniciativa genera varias preocupaciones, pues recupera disposiciones que ya se han tratado de ejecutar, como las medidas de apremio o las multas. Requerimos, dijo, una legislación más abierta y no una que reprima los esfuerzos de crecimiento y desarrollo de los sectores, industrial, de comercio, de servicio y comercio electrónico, entre otros.
Juan Pablo García Garza, representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo estar de acuerdo en que las relaciones comerciales deben llevarse con equidad, transparencia y con el cumplimiento de lo ofrecido y acordado entre comprador y vendedor, pero es importante, subrayó, no poner al consumir en una posición de dominancia o de ventaja sobre el proveedor, pues puede desalentar o encarecer las relaciones comerciales.
Alejandro Urzúa Bustamante, presidente de la Comisión de Enlace con Profeco de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), indicó que el nuevo ordenamiento no debe invadir facultades y ordenamientos de otras dependencias del gobierno federal, ya que provocaría contradicciones jurídicas.
José Ángel García Elizondo, presidente de la Organización Nacional de Gasolineras (Onexpo), señaló que existe preocupación por el alcance que se le pretende dar a algunos artículos, puesto que hay conceptos que son excesivos y poco claros para su aplicación y, además, se pretenden legislar conductas que ya están consideradas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Lorena Cerdán Torres, del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C., consideró importante la revisión de la Ley y, sobre todo, que se haga con la participación de los interesados, que se atienda las necesidades y el dinamismo del mercado como el comercio electrónico y proteger los derechos de los consumidores y de los proveedores.
Ana Patricia de la Peña Sánchez y Míriam Cortes, de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, puntualizaron que existen una serie de artículos que amenazan al sector turístico y a la actividad comercial internacional del país en cuatro ejes: el tiempo compartido; negligencia administrativa, excesiva tramitología y abuso de autoridad.
Erika Quevedo Chan, de la American Chamber of Commerce of Mexico, precisó que para esta organización es preocupante que, en esta iniciativa, el apartado de comercio electrónico fue elaborado bajo la premisa de que todas las transacciones comerciales hechas a través de medios electrónicos constituyen prácticas comerciales fraudulentas.
Sostuvo que la iniciativa es un ejemplo de regulación que desincentiva los operadores económicos, en un momento en que México requiere atraer más inversión extranjera directa; pero expresó su disposición a trabajar con el Senado para la construcción de una ley que proteja al consumidor pero que también suba el desarrollo económico.
Fernando Ruiz Huarte, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) expuso que el propósito de esta organización es fomentar el comercio exterior, agilizarlo, simplificarlo y ayudar a que las acciones de importación y exportación sean expeditas y contribuyan al crecimiento del país. Añadió que la exportación de manufacturas y las empresas de este ramo cumplen con la normatividad, por lo que debe quedar fuera de esta iniciativa y, de no ser así, ver cómo se puede redactar la ley para que no se interprete como una nueva barrera arancelaria.
Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet, se pronunció a favor de regular a favor del consumidor, pero realizando una promulgación colaborativa, donde todos los involucrados participen en la creación de una regulación que favorezca al consumidor y a las empresas.
Guillermo Diez Barroso, de Grupo Gasolinero G-500, expresó las preocupaciones de este sector como el tema de las clausuras; dijo que se deben analizar los temas de temporalidad y el relativo a los mecanismos para subsanar errores y omisiones, entre otros.