El Senador panista Federico Döring Casar presentó un punto de acuerdo a fin de exhortar a las legislaturas de los estados de Sonora, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y el Distrito Federal a que modifiquen los códigos penales de su respectiva entidad, para tipificar los delitos de robo, fraude, falsificación y alteración cometidos con vales de despensa de papel, o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, para canjear por bienes y servicios.

“La idea es homologar la legislación en varios estados para que podamos combatir los fraudes que se cometen con vales de despensa, una prestación laboral que tienen garantizada en materia fiscal las empresas y los mexicanos en este país”, declaró el legislador por el Distrito Federal.

Al tipificar esos delitos, explicó, las autoridades tendrán instrumentos para perseguir, sancionar y cerrar la puerta a la impunidad por lagunas legales e impedir así afectar a miles de familias que actualmente reciben esta prestación y que correrían el riesgo de enfrentar una merma en su economía.

El vale y los dispositivos electrónicos constituyen el medio más adecuado y utilizado para otorgar a los trabajadores la ayuda de despensa, son de las más importantes prestaciones de previsión social y representan un ingreso exento para los mismos, además de que tienen como finalidad proporcionar a los trabajadores y a sus familias la satisfacción de sus necesidades esenciales y la posibilidad de superación del nivel de vida, recordó Döring Casar.

Estas ayudas de despensa, agregó, constituyen una conquista laboral desde los años 60 y representan hoy en día la prestación más apreciada por los trabajadores, ya que los beneficios que de ella obtienen son inmediatos.

Por eso, Federico Döring expuso que las consecuencias de estos ilícitos, pero sobre todo no legislar sobre el tema serían de un fuerte impacto para los trabajadores, pues en caso de que la prestación desapareciera o se integrara en efectivo al salario, se tendría que deducir vía impuestos por el monto correspondiente.

Consideró que sin los vales, los trabajadores perderían la posibilidad de contar con más alimentos, lo que a su vez provocaría una mala nutrición, sobre todo en un momento en que los alimentos han registrado un alza preocupante en sus precios, por lo que no es exagerado decir que se trata también de una situación de seguridad alimentaria para quienes perciben bajos ingresos.

Además, habría pérdida del poder adquisitivo del trabajador y si la prestación desaparece y se da en efectivo, no se asegura que la misma sea utilizada para comprar artículos de la canasta básica familiar como sucede actualmente.

En caso de que se monetice la prestación y se integre al salario, el patrón tendrá un fuerte incremento en el costo de su nómina, y tanto las empresas que otorgan los vales como las que los emiten podrían experimentar un fenómeno de desempleo, lo cual vendría a complicar más la situación de la planta productiva y de las economías locales de los estados mencionados.

Recordó que en entidades como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Morelos, Chihuahua, Coahuila y Guanajuato, que por su gran número de transacciones comerciales experimentaban este flagelo social, reformaron sus respectivos Códigos Penales con lo que se ha comenzado a registrar una importante disminución de los ilícitos que se venían cometiendo, ejemplificó.

Sin embargo, las empresas registran un fenómeno “cucaracha” consistente en que las bandas dedicadas a este tipo de delitos “emigran” a estados en donde su legislación no contempla la posibilidad de perseguirles y sancionarles, como son los estados de Sonora, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y el Distrito Federal.

Actualmente, cinco millones de trabajadores reciben la prestación, lo que beneficia a más de 20 millones de personas a nivel nacional y en promedio cada trabajador recibe 650 pesos mensuales en ayuda para despensa, se explica en las consideraciones del punto de acuerdo.

El 90 por ciento de los vales de despensa en papel o electrónicos en tarjeta son canjeados por alimentos y es la prestación de ayuda para despensa más apreciada por los trabajadores y sus familias, ya que sus beneficios son tangibles e inmediatos, por lo que se debe de cerrar la puerta a la impunidad y hacer frente al incremento delictivo, así como evitar pérdidas patrimoniales a las empresas emisoras, agregó el senador Federico Döring.