Durante el 2012 los operadores de telefonía móvil recibieron de diversas autoridades judiciales peticiones de consulta sobre 82 mil 721 números celulares para la investigación de diversos delitos.
Así lo informó el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal a la Cámara de Diputados.
Añadió que una vez notificado un operador móvil de un oficio que contenga una solicitud suscrita por el Procurador General de la República, los procuradores de las entidades federativas o los servidores públicos en quienes deleguen esta facultad, deberá realizar la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenaza.
A través del “Primer Informe Anual de Resultados del estudio e investigación para el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos”, el organismo mencionó que para dar contestación en tiempo a los oficios de petición de información, los operadores móviles han realizado grandes inversiones a fin de contar con los recursos tecnológicos y el personal calificado.
Sobre los bloqueos de señal en penales, en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria reitera el compromiso de los operadores móviles de colaborar con las autoridades en este propósito.
Agrega que están en marcha conversaciones con la nueva administración federal, que al reorganizar el aparato de seguridad del Estado “genera esperanza para encontrar soluciones novedosas en beneficio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y la ciudadanía en general”.
Menciona que los operadores móviles llevaron a cabo un estudio donde se precisa que un millón 407 mil llamadas en promedio diario no se pueden completar, es decir que el usuario que realiza la llamada no puede contactar a la persona que desea llamar o la llamada es interrumpida, debido a que los bloqueadores instalados no operan de manera adecuada.
“Es evidente la afectación a millones de usuarios que esperan una solución a la brevedad, la cual depende de que las autoridades cumplan con los lineamientos para supervisar la instalación, en cada establecimiento penitenciario, de los equipos adecuados que funcionen de manera correcta y no afecten la prestación del servicio de comunicación de los operadores móviles, los cuales reiteran su compromiso y disposición para colaborar en la instalación y la operación de los equipos inhibidores de señal”, destaca el informe anual.