Guillermo Pimentel Balderas
José Duran Vera, coordinador en turno del CAP y presidente de la Unión Campesina Democrática (UCD), dijo que la mayoría de las organizaciones campesinas del país presentarán a la Secretaria de Gobernación una ley reglamentaria para la consulta previa, informada y vinculante hacia los ejidos y las comunidades.
Explicó que la Ley de Consulta Indígena, estaría avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que tanto los gobiernos federal y estatales, como el Congreso, estarían obligados a respetarla “porque tiene rango constitucional y estamos por hablar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que intervengan fundamentalmente para la interpretación del alcance del Convenio 169 de la OIT en el país”.
Explicó que este Convenio 169 de la OIT, establece la obligación del gobierno mexicano para consultar a las comunidades los proyectos que quieran desarrollar en su territorio.
Sin embargo, dijo que a pesar de que este documento que tiene rango constitucional, no hay ley reglamentaria que sea vinculante, entonces “lo que hoy logramos es que se elabore un protocolo, que sea obligatorio para todas las obras públicas, no solo para las cuestiones de proyectos energéticos, y eso obliga a la consulta a los dueños de la tierra”, subrayó.
Es decir, precisó que están planteando la necesidad de que haya una ley reglamentaria para la consulta previa, informada y vinculante hacia los ejidos y las comunidades.
Además, indicó que puede ser un candado para un posible despojo de tierras, pues va a ser una obligación de consultar que quiere la gente con la riqueza que hay en el subsuelo para poder desarrollar a sus comunidades.
“Ese es el argumento central que no ha tomado en cuenta el Congreso, la Cámara de Senadores en particular, porque ellos hablan de que todos los mexicanos somos dueños del recurso, pero prioritariamente debe de bajar esa riqueza a los compañeros que son dueños de las tierra superficial donde esta el recurso de hidrocarburos, la minería y el gas. Para eso es que estamos impulsando la Ley de Consulta Indígena, que es reglamentaria del Convenio 169 de la OIT”, resaltó.
También, consideró que esto es un respaldo de tipo internacional, ya que dicho convenio lo firmó el gobierno mexicano en 1994 y lo ha ratificado sin mayor problema y por tanto tiene rango constitucional en el país, pero que el único asunto es que no esta reglamentado, y eso lo aprovechan para no operarlo adecuadamente.
“Pero, con la Ley de Consulta Indígena, se podrá resolver el asunto, sin problema, por eso, estamos solicitando esta ley reglamentaria. Estamos trabajando con Gobernación (Secretaria) para que en octubre -de este año- la tengamos formulada para presentarse”, manifestó el líder campesino.