La reciente detención y consignación de un funcionario de la PGR por exigir la mitad del sueldo a los empleados que les renovaba contrato, llamó la atención de legisladores federales que se dicen enterados de que esta abusiva práctica y confirmaron que también se da en algunas direcciones de Comunicación Social del Gobierno federal.
Discretos comentarios hechos a esta “Grilla en el Poder” por un diputados federal, revela que desde hace muchos años, principalmente en la época del reinado político priísta, muchos funcionarios tenían a su servicio verdaderos “ejércitos” de trabajadores con salarios jugosos, pero cada uno de ellos tenía que entregar una tercera parte del salario mensual asignado.
Esto vino a cuento en diálogo informal, porque alguien comentó la información que recientemente dio a conocer la Secretaría de la Función Pública en el sentido de que el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó sentencia condenatoria contra Juan Alfredo Medina Macías, ex Director de Vinculación en la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, por su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad.
La sentencia es de dos años de prisión, multa por el equivalente a 70 días de salario y dos años de inhabilitación del servicio público, no obstante, la Visitaduría General interpuso el recurso de apelación, por estimar que la sanción dictada por el juzgador debió ser mayor.
La causa penal 164/2010-C por medios de la que se dictó la mencionada sentencia, tuvo origen en una denuncia presentada por el ofendido, quien manifestó que en enero de 2009, Medina Macías lo invitó a ocupar una plaza en el área que tenía bajo su mando en la PGR.
Luego de tres meses de laborar para Medina Macías, éste pidió al ofendido entregar la mitad del salario percibido en ese tiempo, amenazándolo con no renovarle el contrato. Así, el agraviado entregó en efectivo la cantidad de 15 mil pesos a Medina Macías.
En junio de 2009, el denunciante relató que solicitó a Medina Macías que fuera menos la cuota que tenía que entregarle, a lo que el ex funcionario aceptó reduciendo 500 pesos a los 3 mil que entregaba quincena a quincena. Esa situación continuó durante todo el año siguiente.
No obstante, el 1º de septiembre de 2010, el querellante intentó persuadir a Medina Macías sobre el deterioro de su condición económica y le explicó que ya no podía continuar dándole la mitad de su salario, a lo que el funcionario hoy sentenciado le respondió que no se preocupara, que le diera 3 mil pesos y que el restante lo cubriera cuando llegara su aguinaldo.
Ese mismo día, el agraviado recurrió a la Visitaduría General de la PGR para denunciar los hechos acontecidos. Al día siguiente (2 de septiembre), el órgano responsable de combatir la corrupción en la institución, desplegó un operativo en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y con la colaboración del denunciante, sorprendiéndose así en flagrancia a Medina Macías, inmediatamente después de que éste había recibido de su subalterno la cantidad que mensualmente debía entregarle.
Consignada la averiguación previa se dictó el auto de formal prisión contra el citado ex servidor público, y seguido el proceso, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal dictó la sentencia condenatoria en contra de Juan Alfredo Medina Macías, señalando que las pruebas presentadas resultaron aptas y bastantes para acreditar de manera plena, que en forma consciente y voluntaria, perpetró la conducta delictiva atribuida.
El sentenciado está sujeto a otros dos procesos penales por similar delito en agravio de otros subalternos, quienes al enterarse de que su otrora jefe había sido detenido, acudieron a la Visitaduría General para denunciar haber sido víctimas también de Medina Macías.
Los legisladores federales enterados de este caso, incluso señalaron la necesidad de procesar una reforma legal para endurecer el castigo a los funcionarios que exijan parte del salario a sus subordinados, porque “no podemos permitir que dentro del mismo Gobierno haya patrones simulados que explotan a los empleados, como lo hacen los patrones corruptos del sector privado”.