El secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación, Coneval, Gonzalo Hernández Licona afirmó que pese al avance en la evaluación y rendición de cuentas del Gobierno Federal, en el caso de estados y municipios, el progreso ha sido “muy pobre”.
Precisó que el balance de poder entre el Congreso y el Ejecutivo ha generado un fortalecimiento importante de transparencia, con normas e instancias independientes.
Manifestó que se requiere de una instancia que permita evaluar áreas como seguridad pública o energía, ya que actualmente no hay un órgano encargado de llevar a cabo el análisis de estas áreas.
Dijo que para otorgar mayor autonomía al Coneval, se requiere de más independencia presupuestal, así como de sacarlo del ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social.
Puntualizó que el objetivo del Coneval no es castigar a los programas públicos sino señalar los problemas y los avances de los programas, con el fin de mejorarlos y contribuir a la rendición de cuentas.
Por ello, el senador Roberto Gil Zuarth, al participar en la mesa denominada Autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se pronunció por otorgar más facultades a este Consejo, para que desde una lógica integral, tenga la capacidad de castigar a los funcionarios.
Recordó que el Consejo genera información para conocer el funcionamiento de los programas, su eficacia, eficiencia y las distorsiones en su diseño; sin embargo, “lo que queremos es un Coneval que castigue a funcionarios, desde una lógica integral”.
Señaló que uno de los pilares fundamentales del planteamiento de la reforma del sistema electoral y el régimen político, tiene que ver con fortalecer los esquemas de rendición de cuentas en el país.
Dijo que la potenciación del Coneval abona a un ejercicio mucho más rutinario y profundo de rendición de cuentas, que a su vez fortalece los derechos de los ciudadanos y genera una dinámica institucional, en términos de la relación entre el gobierno y los ciudadanos.
A su vez, Luis Fuentes, director General del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dijo que se requieren mecanismos de coordinación efectiva, claros, de cooperación y diálogo permanente entre el Coneval, la ASF y el IFAI.
Lo anterior, con el propósito de contar con un marco integral para la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación efectiva de las actividades públicas.
Precisó que se debe garantizar la imparcialidad, capacidad científica y metodológica ante todas aquellas personas involucradas en la toma de decisiones, por lo que solicitó que se amplíen las facultades del Coneval, a fin de permitir e impulsar la evaluación sobre estados y municipios, “que son el eslabón más débil de toda la gestión del desarrollo”.
Un reto para el Congreso se encuentra en definir facultades para llevar a cabo evaluaciones durante la ejecución de los programas y sobre el resultado de los mismos, para que el Estado mexicano cuente con instrumentos adecuados que permitan una mejora constante de las políticas para el desarrollo.
“La evaluación de los programas y políticas públicas para el desarrollo requiere plantearse en una nueva lógica, se necesita construir una nueva generación de mecanismos y valores que permitan no solamente la fiscalización de los recursos sino determinar la eficacia y la pertinencia de los programas que se diseñan”, finalizó.