Al presentar el informe Migrantes Somos y en el Camino Andamos el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, reveló estadísticas de la sistemática violación de los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas.
Dicha situación, reconoció, ha generado recomendaciones de más de siete mecanismos de derechos humanos regionales y universales en materia de discriminación racial, alimentación, educación, derechos de los pueblos y derechos económico, sociales, culturales y de los migrantes.
Abel Barrera señaló que la población indígena migrante enfrenta condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación, inferiores a lo señalado por las normas internacionales, lo que provoca que en muchas ocasiones sobrevivan en condiciones infrahumanas.
La problemática constante, explicó, es el incumplimiento en el pago de salarios, la falta de contratos por escrito, los malos servicios en los campos agrícolas, condiciones de trabajo deplorables y la existencia de autobuses que ponen en riesgo la vida de las y los jornaleros, entre otros.
En este sentido, comentó que 90 por ciento de los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3 por ciento gana por jornal o día de trabajo, 23.8 por ciento recibe su pago a destajo, o bien, 76.5 por ciento recibe su pago cada semana y 18.4 por ciento a diario.
Además no tienen acceso a la seguridad social, aunque su vida corra riesgo por los materiales tóxicos a que están expuestos, sobre todo en uso de agroquímicos prohibidos en otros países.